CONTINÚAN DETENIDOS LOS ONCE ACTIVISTAS
Los abogados designados pidieron que se investigue cuál fue el rol que tuvo el jefe comunal, porque las declaraciones radiales previas lo comprometen.
El Partido Justicialista designó a dos abogados para que se constituyan como querellantes particulares en la investigación que lleva adelante la fiscal subrogante Soledad Rodríguez por los incidentes ocurridos el sábado pasado en Andalgalá. Laureano Palacios, uno de los letrados, abrió sospechas sobre el rol que tuvo el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, desde los días previos a la movilización que luego degeneró en los incidentes de violencia. En ese marco el letrado formalizó una denuncia penal en contra del intendente Córdoba por supuesto instigador a los delitos de violencia.
Además, el juez de Control de Garantías Rodolfo Cecenarro otorgó la prisión domiciliaria para el exfuncionario municipal Oscar Martiarene, por su edad, y para Ailén Saracho porque no hay una dependencia para alojar a los mujeres.
El Partido Justicialista junto con otras fuerzas políticas que integraron la alianza Frente de Todos decidieron intervenir por los daños en la sede del Partido Justicialista. Los apoderados del partido, Laureano Palacios y Hugo Emanuel Olmos, se presentaron ayer en la Fiscalía. “Generaron destrozos en un local que está identificado con el PJ, esto nos hace trabajar para que estos hechos no queden impunes. Los partidos políticos son los que deben velar por la institucionalidad de la democracia. Esto es un ataque a la democracia. Entiendo la conflictividad minera, pero creo que hay que poner un límite y el límite es no cometer delitos”, expresó Palacios.
“Hicimos una presentación para que se investigue el accionar del intendente con respecto a cómo fueron las cuestiones vinculadas. Es llamativo cómo se suscitaron los hechos. Por lo que nos describían los testigos y conforme a la prueba recabada, puede haber una posible zona liberada. Pedimos que se investiguen los hechos en su totalidad; es llamativo cómo desde las declaraciones del intendente, el día jueves, se fue generando un caldo que terminó en estos delitos”, sostuvo Palacios.
La presentación es por una supuesta instigación a cometer delitos que, conforme al artículo 45 del Código Penal, tiene la misma pena que el autor de los delitos cometidos.
En los días previos a los incidentes, el jefe comunal había realizado declaraciones en Andalgalá en las que había expresado su malestar por la exploración avanzada del proyecto MARA (Minera Alumbrera- Agua Rica).
«Yo estoy muy enfadado, este intendente va a poner su cuerpo, más aún cuando Andalgalá no es una comunidad pacífica. Es una comunidad de gente que tiene convicción, de gente que actúa en función de esas convicciones y que tiene mucho sentido del resguardo de nuestra comunidad «, había expresado el jefe comunal en declaraciones radiales.
«La incógnita está planteada cómo un intendente declara el día jueves y cómo se genera el caldo de cultivo y habla de violencia de manera premeditada. Yo creo que el andalgalense no es violento sino que se predispuso el escenario para que algunos violentos hagan uso de sus malas acciones», sostuvo.
Bomberos denunciaron ataques
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Andalgalá realizó una denuncia contra autores desconocidos al asegurar que el sábado 9 fueron atacados cuando asistieron a sofocar el fuego en la empresa Agua Rica.
Según consta en la presentación, personal de guardia asistió a sofocar el fuego que se desarrollaba en la sede de la empresa minera luego de haber sido alertados, más aún teniendo en cuenta que en su interior se encontraba una persona. Según la presentación, cuando arribaron al lugar la autobomba recibió pedradas por lo que tuvieron que retroceder una cuadra y ponerse a resguardo. Una vez que la policía aseguró el perímetro recién pudieron trabajar.