LE DIO UN PLAZO DE 48 HORAS PARA QUE EXPLIQUE CÓMO SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN
Se trata de un fallo del juez federal Martín Cormick, quien había habilitado la feria judicial para avanzar en el tema.
El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick dispuso que el Ministerio de Capital Humano informe en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará la distribución de alimentos para las personas que concurren a comedores.
«Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución», sostuvo el reciente fallo.
La resolución se refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno continuar con la entrega de alimentos a comedores. “En el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial”, sostuvo la Justicia en esa oportunidad. El fallo también fue de Cormick.
Ese magistrado pidió además que «el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes».
«Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras», agregó.
La causa comenzó desde principio de este año, cuando las organizaciones habían reclamado que el Gobierno dejó de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantengan las políticas sociales.
A raíz de esto, se convirtió en un amparo colectivo y el juez Lara Correa lo aprobó.
Para el Gobierno, la resolución del juez Lara Correa “reconoce el trabajo que se viene realizando” desde el Ministerio de Capital Humano.
“Los argumentos por los cuales el juez hizo lugar a la medida podrían ser utilizados para rechazarla. Se validó la implementación actual de los planes y programas y se admite que las medidas tomadas por la gestión anterior deben ser revisados, auditados y reestructurados, como así también reconoce la ejecución presupuestaria de los programas vigentes”, dijeron en ese momento desde la cartera que conduce Pettovello.
La causa se inició a principio de año en la que las organizaciones señalaron que el gobierno discontinuó la entrega de alimentos a los comedores y merenderos y reclamaron que se mantengan las políticas sociales. El expediente se transformó en un amparo colectivo en el que se invitó a las organizaciones que quieran formar parte.
En paralelo, hay otro expediente judicial que inició el dirigente Juan Grabois. Se trata de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Pettovello por no entregar alimentos.
En esa investigación se determinó que el gobierno tenía casi 5 toneladas de comida en dos galpones de la provincia de Buenos Aires y de Tucumán y el juez federal Sebastián Casanello le ordenó que presente un plan para la distribución de la mercadería, mucha de ella con fechas cercanas de vencimiento.
El fallo fue apelado por Capital Humano y fue ratificado por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal pero el Gobierno llevó al caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerar que la distribución de alimentos es una decisión política que no se puede judicializar.
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