Editorial
El último informe de UNICEF sobre natalidad en la Argentina señala que para 2036 habrá casi un millón menos de niñas y niños en el país, y que esa reducción no será pareja. La población infantil se concentrará, cada vez con más nitidez, en los hogares más pobres. Mientras la fecundidad cae con fuerza entre las mujeres con estudios secundarios completos, se mantiene relativamente alta entre quienes tienen menor instrucción y viven en la mayor precariedad. La Argentina que viene tendrá menos niños, pero habrá más desigualdad en las infancias.
Una correcta lectura de las estadísticas debe concluir en que si el Estado no cambia el modo en que piensa sus políticas hacia la niñez, la Argentina de 2036 concentrará su población infantil en los sectores con menos acceso a salud, educación, cuidados y protección.
Catamarca no es una excepción en ese mapa. La provincia integra una región donde la pobreza infantil no solo parte de niveles históricamente más altos, sino que tarda más en recuperarse cuando el resto del país mejora. A eso se suman las brechas que el propio informe de UNICEF señala en materia de cuidado: la carga de las tareas domésticas y familiares que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, y la delegación de cuidados infantiles en hermanos menores de diez años en hogares donde faltan redes de sostén, son un fenómeno que se agrava sensiblemente cuando hay chicos con discapacidad. Son todas variables que, en el interior profundo, se combinan con menor cobertura de salud pública, mayor informalidad laboral y una infraestructura social más débil que en los grandes centros urbanos.
Si el Estado no cambia el modo en que piensa sus políticas hacia la niñez, la Argentina de 2036 concentrará su población infantil en los sectores más vulnerables.
La evidencia que aporta UNICEF no señala un problema transitorio ligado a un ciclo económico, sino que describe una sociedad que envejece, que tiene menos hijos y que, además, concentra a los que nacen en los sectores con menor capacidad de acceder por sus propios medios a lo que el Estado debería garantizarles. Ese diagnóstico exige respuestas que trasciendan el color político de quien gobierne, porque sus efectos se proyectan mucho más allá de cualquier mandato.
Construir una política de Estado en esta materia significa sostener, con financiamiento garantizado y continuidad institucional, los pilares mínimos que hacen a un desarrollo infantil digno. Esto es, cobertura amplia en la salud pública, educación de calidad desde el nivel inicial y políticas de cuidado que no descarguen sobre las mujeres más pobres, ni sobre otros niños, la responsabilidad que el Estado no asume.
La representante adjunta de UNICEF en el país planteó con claridad que el desafío ya no es preguntarse cuántos niños nacerán, sino en qué condiciones y con qué accesos lo harán. Esa pregunta, formulada hoy, es una oportunidad que la dirigencia argentina no debería desaprovechar.
Pensar la infancia como política de Estado, y no como bandera de gestión, es la única forma de restablecer la dignidad a los que menos responsabilidad tienen respecto de su futuro.
