Luego de la diferencia de $3.250 millones que marcó Monti
El diputado Mamerto Acuña reclamó que el fideicomiso pase por el presupuesto y por la comisión de Hacienda.
El diputado Mamerto Acuña (GENERAR) cuestionó, que el fideicomiso minero funcione por fuera del presupuesto provincial y sin que la Legislatura autorice sus gastos. Además, alertó que la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que debería controlar esos fondos, se reúne apenas una o dos veces al año.
Sus dichos llegaron un día después de que el gobernador Raúl Jalil defendiera desde Australia la transparencia del esquema, en medio de la polémica que abrió el diputado Francisco Monti (LLA) al marcar una diferencia de más de $3.250 millones entre las regalías que registra ARCAT y los ingresos al fondo. “Tenemos una pequeña diferencia en este punto con respecto al Gobernador”, planteó Acuña.
Según explicó el contador, lo que gasta el fideicomiso y los ingresos que recibe deberían estar detallados en el presupuesto. “El presupuesto de la provincia debe contener la totalidad de los recursos y gastos con respecto al Estado provincial. Ese hecho no está ocurriendo”, sostuvo.
Para el legislador, el problema es de origen, porque el presupuesto funciona como un plan de obras que los diputados deben aprobar, y los recursos mineros terminan en un fondo “que no sabemos en qué se gasta”. “Nace mal concebido. Ninguno de los gastos que va a utilizar el fondo fiduciario están autorizados por la Legislatura”, insistió.
En esa línea, objetó que no se conozcan los proveedores, el sistema de contratación, la cantidad de licitaciones públicas y privadas ni sus montos, y que los diputados solo reciban un informe semestral de unas pocas hojas.
Consultado sobre si el Tribunal de Cuentas puede auditar el fideicomiso, respondió que sí y que, además, el tema debería pasar por la comisión de Hacienda. Ahí reparó en el funcionamiento de ese espacio. “Con la comisión de Hacienda nos reunimos una o dos veces en el año y no nos estamos reuniendo”, lamentó y la comparó con otras comisiones, como la de Industria, que sí trabajan.
Cuando le preguntaron por la responsabilidad del presidente de la comisión, evitó dar nombres. “Yo creo que se responde tal vez a otros motivos, no sé cuáles, pero no estamos funcionando como debería funcionar”, expresó. También señaló que hay temas pendientes que deberían pasar por allí, como la baja de Ingresos Brutos que anunció el Gobernador y que todavía no llegó a la Cámara, la ley de seguros y los créditos para la gente.
Un presupuesto paralelo
En un comunicado difundido, la exdiputada Silvana Carrizo (GENERAR) afirmó que la discusión no puede reducirse a la diferencia que marcó Monti. “No nos engañemos, aunque esa diferencia se explicara por completo, la cuestión de fondo seguiría sin saldarse”, advirtió y recordó que lo plantean desde 2022.
La exlegisladora describió al fideicomiso como un presupuesto paralelo, ya que las leyes 5.336 y 5.151 establecen que el presupuesto debe contemplar todos los recursos y gastos del Estado. Según detalló, lo advirtieron en el debate del Presupuesto 2023, lo repitieron en el de 2025, cuando señalaron que fondos del endeudamiento se destinaban a ese instrumento sin control efectivo, y volvieron a hacerlo con el de 2026.
Ninguno de los gastos que va a utilizar el fondo están autorizados por la Legislatura».
Mamerto Acuña
Otro eje son las rendiciones. Aunque la Ley 5.642 obliga a presentar informes semestrales ante las comisiones de Hacienda, Carrizo consideró que la documentación no alcanza. “Las rendiciones y los informes que llegan no permiten saber qué obra se financió, con qué recurso, a qué costo, con qué adjudicatario ni en qué plazo”, remarcó. Agregó que en 2022 pidieron informes sobre el fideicomiso del Salar del Hombre Muerto y que, cuatro años después, siguen sin respuesta completa.
La dirigente también apuntó a los aportes extraordinarios del Tesoro provincial, que en dos años superan los $20.750 millones nominales; el último, de $7.751 millones en septiembre, cubrió certificados de obra pendientes. “Si el fondo es tan eficiente, ¿por qué necesita nuevos recursos del Tesoro una y otra vez?”, ironizó.
GENERAR había presentado en 2025 un proyecto para derogar los fideicomisos mineros y la Ley 5.642 y volver al régimen de la Ley 5.128, con transferencia directa de las regalías a los municipios.
Sin embargo, en diciembre del año pasado la mayoría legislativa aprobó la unificación de los fideicomisos, que disolvió el del Salar del Hombre Muerto. “Hoy los mismos problemas se discuten con más plata en juego”, graficó.
Entre sus propuestas, el espacio opositor plantea incorporar los flujos del fideicomiso al presupuesto, publicar las rendiciones completas con la conciliación entre lo recaudado y lo ingresado, informar las obras y elevar el plan estratégico de inversión a la Legislatura.
La insistencia de Francisco Monti
Sin perder tiempo, Monti volvió a cargar contra las cámaras de proveedores mineros y ratificó que insistirá con su proyecto para cambiar el acceso a la actividad. A través de un video, contrapuso los dichos del Gobernador con los del presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, Manuel Gómez Bello.
“Venimos denunciando que en Catamarca, para trabajar en la minería, tenés que pasar por un filtro, un club. El Gobernador dice que es mentira, pero el presidente de la Cámara dice que es verdad”, sostuvo.
Jalil había afirmado que el Gobierno no se involucra en las relaciones entre privados y que son las empresas las que eligen a sus proveedores. Gómez Bello, en cambio, defendió en el fragmento incluido los requisitos de las cámaras: “Todo tiene una lógica para que la compañía minera te mire con seriedad y para que nosotros, a la hora de proponer un empresario, sea un empresario solvente y que puede resolver”.
Para Monti, esa frase confirma su denuncia. “Acá el presidente de la Cámara reconoce que el juego no es abierto, que es cerrado, para un club”, planteó y cuestionó que las cámaras definan, entre otras condiciones, la antigüedad que debe tener una empresa inscripta.
El cruce viene de días atrás. Gómez Bello lo había desafiado a presentar las pruebas y atribuyó las críticas al inicio del modo campaña, mientras que el diputado aceptó dialogar, aunque pidió un debate abierto con el presidente de YMAD, Fernando Jalil.
“Eso es lo que nosotros queremos cambiar, por eso vamos a insistir en el proyecto. No se puede ser árbitro y jugar”.
