Editorial
Los datos que han ido aportando distintas consultoras y centros de estudios en las últimas semanas corroboran que el ajuste fiscal realizado por el gobierno nacional, lejos de atacar a la casta, recayó de manera desproporcionada sobre los sectores sociales más vulnerables, mientras que los segmentos de mayores ingresos y patrimonios obtuvieron alivios tributarios de una magnitud considerable.
El caso más contundente en este último sentido es el de la reducción del Impuesto a los Bienes Personales, el tributo que grava los grandes patrimonios, aprobada en el primer año de gestión libertaria dentro del paquete de reformas impositivas. Según un informe del Instituto Argentina Grande, la baja progresiva de las alícuotas y la multiplicación por catorce del mínimo no imponible implicaron que el Estado nacional resignara 3,2 billones de pesos de recaudación en apenas un año, a valores de junio de 2026. Para dimensionar esa cifra basta una comparación: es sensiblemente mayor a los 2,4 billones de pesos que dejaron de recibir las universidades nacionales en el mismo período, uno de los recortes más resistidos y debatidos de la gestión Milei. Dicho de otro modo, con los recursos que el Gobierno decidió no cobrarles a los patrimonios más altos del país, habría alcanzado y sobrado para sostener el funcionamiento del sistema universitario público.
«El ajuste recayó sobre los sectores sociales más vulnerables, mientras que los segmentos de mayores ingresos obtuvieron alivios tributarios considerables».
La medida tiene, además, una derivación federal que merece ser subrayada especialmente desde una provincia como Catamarca. Se trata de un impuesto coparticipable, de modo que buena parte de lo que se dejó de recaudar no es solo una pérdida para las arcas nacionales, sino también para las provincias.
La reducción de Bienes Personales se sumó a otras decisiones que apuntaron en la misma dirección: la baja de las retenciones a las exportaciones agroindustriales, los beneficios fiscales otorgados a las grandes inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, y los sucesivos blanqueos de capitales que permitieron regularizar patrimonios no declarados con condiciones ventajosas.
Al mismo tiempo, los cálculos de la Fundación Fundar, basados en estadísticas oficiales, muestran una estructura tributaria argentina profundamente regresiva. Las familias más pobres del país destinan más del 35% de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que en el decil de mayores ingresos esa carga se ubica por debajo del 25%. Es decir, quienes menos tienen entregan una proporción mayor de lo que ganan al fisco que quienes están en la cúspide de la distribución del ingreso. Esto se debe al peso desmedido que tienen los impuestos indirectos, en particular el IVA, dentro de la estructura de recaudación argentina. Al gravar el consumo de manera uniforme, sin distinguir la capacidad contributiva de quien compra, estos tributos golpean con mucha mayor intensidad relativa a los hogares de menores ingresos, que destinan la totalidad o casi la totalidad de lo que perciben a cubrir necesidades básicas.
Los números no dejan demasiado margen para la ambigüedad: muestran con precisión qué sector paga el costo del ajuste y cuál es el que, mientras tanto, se beneficia del modelo.
