LA PRESENTACIÓN LA REALIZÓ EL DIPUTADO FRANCISCO
Además, solicita que se revise un decreto del Poder Ejecutivo que habilitó las condiciones para evitar la subasta pública o las licitaciones públicas.
El diputado Francisco Monti (Juntos por el Cambio) pidió al Tribunal de Cuentas que investigue una contratación directa del 21 de septiembre del Ministerio de Planificación por el que el Estado adquiere una serie de terrenos ubicadas en el departamento Valle Viejo para la construcción de vivienda. El legislador puso la lupa en esa contratación directa y también en un decreto reciente del Ejecutivo que permite realizar contrataciones directas por casi $ 82 millones. El legislador pide al organismo que investigue los actos administrativos que se derivan del decreto.
En primer lugar, el legislador cuestiona la normativa del Ejecutivo que habilitó luego una contratación directa por $ 40 millones. El decreto acuerdo 1646/21 del 19 de agosto de este año dispone de la ampliación de hasta 9000 módulos el límite para la adquisición de inmuebles. Según explica, con ese marco legal, el Ministerio de Planificación puede realizar compras directas por hasta $ 81.162.000, teniendo en cuenta que el valor del módulo se encuentra vigente en $ 9.018 , “una suma que no tiene precedente para la adquisición de bienes de capital”, señala y recuerda que la cantidad de módulos vigentes para dichas contrataciones eran 1.000 hasta el dictado de este último decreto.
“Dicha concentración de facultades –además de resultar curiosa y sospechosa- promueve una suerte de “mega inmobiliaria estatal” manejada con absoluta discrecionalidad en cuanto a los millones de pesos con los cuales se podrá realizar contrataciones directas», indicó.
En ese marco, el legislador consideró en la presentación que la medida implica “un claro abuso por parte del Poder Ejecutivo respecto de las potestades reglamentarias con que cuenta al desnaturalizar el espíritu de la legislación en materia de administración financiera al cruzar la frontera de lo razonable e invertir el principio elemental según el cual es la subasta pública o licitación pública la “regla”, bajo la cual el Estado Provincial debe adquirir bienes.
Más adelante, recuerda que la Constitución provincial establece en art. 174 que “toda enajenación de bienes de la Provincia, compras, suministros y demás contratos realizados por la misma, se harán mediante subasta o licitación pública bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los funcionarios que autoricen, ejecuten, o consientan la transgresión de estas normas. Quedan exceptuados los casos que expresamente prevea la ley de la materia”.
Añade que la normativa abrió la puerta para que el Ministerio de Planificación pueda desdoblar compras, una vieja práctica que permite superar el tope previsto en la ley. “Lo que significa en la adquisición de inmuebles se permitirá explícitamente el desdoblamiento de las contrataciones y que los funcionarios eludan los montos máximos permitidos para realizar compras directas.
Este punto es especialmente grave, ya que el gobernador no puede autorizar de manera deliberada la explicita violación del espíritu y corazón de la Ley de Administración Financiera”, añadió Monti.
“El gobernador ha creado un sistema centralizando las compras de inmuebles, autorizando compras directas por precios siderales, sin debida publicidad previa e incluso permitiendo explícitamente el desdoblamiento de los procedimientos de selección”.
El caso
Al referirse a la contratación, señala que el expediente se inicia por un pedido a Dirección Provincial de Planificación – Secretaria de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Planificación y Modernización, que le solicita a la Ministra del área, Susana Peralta, arbitrar los medios necesarios para la adquisición de un terreno que deberá estar ubicado en el municipio de Valle Viejo. Tiene como destino la construcción de viviendas pertenecientes a diversos planes y programas promovidos tanto por la Secretaría de la Vivienda de la Provincia, y del Instituto Provincial de la Vivienda.
En este sentido, Monti cuestiona que no sea el IPV el que inicie el pedido y fundamenta todas las facultades que tiene el organismo a partir de la Ley de Ministerios. Sobre el caso en particular observa que el único proveedor invitado fue Eber Roberto Mas Saadi por un monto total de $ 40.000.000. Luego detalla una serie de irregularidades en el expediente, tal como la actuación de un director que no tiene relación con el IPV.
«Es evidente que la contratación directa 01/21 se encontró completamente dirigida y funcionó como un despliegue administrativo que solo se realizó para dar cumplimiento con una burocracia que solo apaña adquisiciones predecididas de las altas esferas del poder de turno», indica en la presentación.
La denuncia
«Inmobiliaria estatal»
? El diputado Francisco Monti sospecha que el Ejecutivo creó un sistema planificado para que el gobierno –en clave de funcionamiento de inmobiliaria privada- compre bienes inmuebles al destinatario que quiera y al monto que quiera «poniendo en severo riesgo la razonabilidad de la inversión pública».
? La primera operación fue iniciada por una Dirección que pertenece al Ministerio de Planificación para adquirir terrenos en Valle Viejo. El legislador cuestiona la falta de participación del Ministerio de la Vivienda.
? El único proveedor invitado es Roberto Mas Saadi que ofrece terrenos por el monto de $ 40 millones.
? El jurado de Valuación para la Tasación del Inmueble valúa el terreno, y lo fija en $40.006.230. «La comisión fundamenta la preadjudicación en el Informe Técnico que es incompleto por falta de consideraciones técnicas», observa el legislador.
? En este marco solicita que se investigue el régimen para la adquisición de bienes de capital y las operaciones realizadas.
