Justicia Federal
El juez Miguel Ángel Contreras dispuso el sobreseimiento total y definitivo de ambos imputados por una presunta evasión de aportes a la Seguridad Social de $14 millones. La resolución aplicó retroactivamente la Ley de Inocencia Fiscal, al considerar que los montos investigados ya no alcanzan los nuevos umbrales establecidos para configurar un delito penal.
La Justicia Federal de Catamarca dispuso el cierre definitivo de la causa por presunta evasión de aportes y contribuciones a la Seguridad Social que tenía como imputados a Edgar Adhemar Bacchiani y Zaraive Celeste Garcés Rusa, vinculados a Adhemar Capital SRL. El juez federal Miguel Ángel Contreras resolvió el sobreseimiento total de ambos, al considerar que las modificaciones introducidas al régimen penal tributario determinaron que los hechos investigados dejaran de constituir delito.
La resolución fue firmada el viernes 30 de octubre y se apoyó en la aplicación de la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos necesarios para que una evasión pueda ser considerada una infracción penal.
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) contra Adhemar Capital SRL. La acusación comprendía períodos fiscales correspondientes a 2021, 2022 y 2023, y atribuía a los responsables de la firma una presunta evasión de $14.036.266,94.
El planteo que finalmente derivó en el cierre de las actuaciones fue presentado por la defensa de los imputados, que solicitó la aplicación de la nueva legislación por resultar más favorable. La Fiscalía Federal acompañó esa postura y también pidió el sobreseimiento, al entender que ninguno de los períodos investigados superaba los nuevos pisos establecidos por la normativa.
Los hechos que dieron origen a la causa
Según la acusación original, la empresa habría omitido presentar las declaraciones juradas correspondientes a los aportes y contribuciones de sus empleados entre noviembre de 2021 y marzo de 2022.
La investigación sostenía que se habían ocultado trabajadores y sus respectivas remuneraciones con el propósito de evitar el ingreso de las obligaciones previsionales. El monto atribuido a la presunta evasión ascendía a $14.036.266,94, correspondiente a los períodos fiscales 2021, 2022 y 2023.
En noviembre de 2023, Bacchiani y Garcés Rusa habían sido procesados sin prisión preventiva por la presunta comisión de delitos contemplados en los artículos 5 y 6 de la Ley Penal Tributaria 27.430. Ese procesamiento constituyó una instancia previa dentro de la investigación judicial. Sin embargo, la posterior modificación del régimen tributario alteró los parámetros económicos que determinan cuándo una conducta vinculada con la evasión de recursos de la Seguridad Social puede ser considerada delito.
La defensa sostuvo que, frente a ese cambio normativo, correspondía revisar la situación de ambos imputados y aplicar las disposiciones más favorables, dado que los montos atribuidos en la causa no alcanzaban los nuevos límites establecidos.
Los nuevos umbrales de la Ley de Inocencia Fiscal
La Ley 27.799 entró en vigencia el 2 de enero de 2026 y elevó considerablemente los montos mínimos requeridos para que una evasión configure un delito penal. En particular, la normativa estableció nuevos parámetros para las figuras vinculadas con la evasión de recursos de la Seguridad Social:
Evasión simple: el umbral quedó establecido en $7 millones por cada mes.
Evasión agravada: el monto mínimo correspondiente a esta figura se fijó en $35 millones.
La modificación legislativa fue el eje central del planteo presentado por la defensa. La interpretación sostenida fue que, al elevarse los montos mínimos, los hechos atribuidos a Bacchiani y Garcés Rusa ya no podían ser encuadrados dentro de las figuras penales que habían sustentado la acusación.
La cuestión también fue analizada por la Fiscalía Federal, que consideró que ninguno de los períodos incluidos en la investigación superaba los nuevos montos previstos por la legislación.
A partir de esa evaluación, el Ministerio Público entendió que los hechos habían perdido relevancia penal y solicitó el cierre de la causa. Su dictamen coincidió con el planteo defensivo respecto de la necesidad de aplicar la modificación normativa más favorable.
