EN EL MARCO DE LA DENUNCIA POR ENCUBRIMIENTO
La hija del ministro asesinado apuntó a Tomás Rodríguez por encubrimiento y al fiscal por «violación de los deberes de funcionario público».
El resultado del juicio político al fiscal Laureano Palacios y la polémica en torno al origen de las versiones respecto de la “muerte natural” del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, decantaron en una denuncia de la familia contra el propio Palacios y contra el exjefe de la División Homicidios de la Policía Tomás Rodríguez. Natalia Rojas, hija del ministro, apuntó contra el oficial por encubrimiento y contra el fiscal por violación de los deberes de funcionario público. En la presentación, cuestionó una serie de omisiones en la primera etapa de la investigación y puso la lupa sobre el testimonio de las dos policías que contradijeron a Rodríguez en relación con la causa de muerte. Además, denunció que Rodríguez omitió citar un posible indicio, al señalar que se observa una cadena en la escena del crimen y que ésta no fue inventariada como prueba.
La familia pidió que se impute a ambos denunciados e instaron al fiscal a que determine si la participación de ambos en los primeros momentos posteriores a conocer el homicidio fue producto de decisiones personales o si forma parte de una “maniobra de ocultamiento”.
La hija de Rojas, asesorada por el abogado Iván Sarquís, consideró que el hallazgo del cuerpo sin vida de su padre debió provocar que el personal de la Policía y de la Justicia que intervino tomara medidas para preservar el lugar del hecho y el cuerpo en sí, y denunció una serie de “acciones y omisiones” que, a su criterio, van en contra del sentido común de la investigación.
En tal sentido, Natalia Rojas insistió en que no existió ninguna delimitación o demarcación del lugar del hecho, algo que había denunciado el último viernes al conocer el resultado del jury a Palacios, y que además se desprende de la declaración que realizaron en Fiscalía las policías Lorena Cabana y Sofía Gázquez Tello. Según se señaló, las policías informaron que el fiscal Palacios estaba presente cuando llegaron al domicilio de Rojas y que el lugar no estaba delimitado. También cuestionó que se permitió el ingreso de algunas personas a la escena, como la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, y que incluso se sacaron sillas del domicilio del ministro a la vereda, para que “se sentaran los amigos y familiares que llegaban al lugar”.
Entre otros puntos, Natalia Rojas reparó en lo que advirtió El Ancasti en la edición de ayer respecto de la contradicción entre las oficiales Cabana y Gázquez Tello con lo declarado por el exjefe de la División Homicidios, Tomás Rodríguez. Cabana, quien declaró su sorpresa porque al llegar a la escena del crimen el lugar no estaba perimetrado, recordó que le preguntó al jefe de Homicidios que le exprese cuál era la causa probable de la muerte porque no lo había escuchado de la médica forense. En esta línea, Cabana declaró ante el fiscal nº5, Hugo Costilla, que el propio Rodríguez le expresó que registrara el caso como “muerte natural”, lo que para ella había sido “extraño”, ya que la investigación no estaba finalizada y todavía faltaba el resultado de la autopsia.
Además, Gázquez Tello declaró que escuchó aquella conversación entre Cabana y Rodríguez, en la que este último sugería que informe el deceso como “muerte natural” en el grupo de whatsapp de la División Homicidios. Sin embargo, Rodríguez fue consultado por el fiscal Costilla al respecto y él negó tal circunstancia al asegurar que nunca escuchó hablar a nadie de muerte natural.
Por otra parte, la querella menciona que en las fotos de la escena del crimen se observa una cadena en la tapia de la casa de Rojas y que esta cadena no se encuentra enumerada dentro de los indicios que fueron relevados por Rodríguez en su intervención. En ese sentido, consideraron que la cadena podría ser un elemento importante en la causa pues la muerte de Rojas se produjo por un traumatismo de cráneo causado por un elemento sin filo.
Por todos estos elementos es que consideraron que el fiscal Laureano Palacios incurrió en la violación de sus deberes como funcionario público, ya que debió haberse asegurado de que se tomaran las medidas necesarias para delimitar el lugar y preservar la escena del crimen.
Por último, solicitaron que el fiscal libre oficios a las compañías telefónicas para determinar dónde estaba Palacios cuando recibió el llamado en el que lo notificaron de la muerte de Rojas; y también para determinar las llamadas y mensajes que haya enviado o recibido Rodríguez mientras participó de la causa.