PARA RESOLVER LAS PRESENTACIONES DE LAS DEFENSAS
En septiembre, las defensas se opusieron al decreto del hecho que imputó «cohecho pasivo» a ambos exjueces. La jueza no hizo lugar y las defensas apelaron. Cuando se resuelva, Barros Jorrat podrá avanzar en la causa.
El expediente que investiga a los exjueces de la Cámara de Apelaciones Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá se encuentra justamente en ese Tribunal de Alzada desde noviembre del año pasado. El presidente subrogante Diego Chayle Costilla debe fijar fecha de audiencia para resolver las presentaciones realizadas por las defensas, quienes apelaron la resolución de la Jueza de Control de Garantías. La magistrada no hizo lugar a la nulidad planteada por los abogados al decreto de determinación del hecho realizado por el fiscal Facundo Barros Jorrat, que imputaba a ambos exjueces por el delito de «cohecho pasivo».
A finales de noviembre de 2020 la jueza de Control de Garantías N° 2, María Cecilia Mas Saadi, declaró admisible el recurso de apelación presentado por las defensas de ambos exmagistrados. Desde ese momento debía conformarse un tribunal para resolver el planteo. La mayoría de los jueces convocados fueron inhibiéndose hasta que finalmente quedó conformada el juez Correccional Nº 2, Diego Chayle Costilla (presidente), el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada (decano).
En un primer momento la audiencia se fijó para el 11 de diciembre de 2020 pero se suspendió porque uno de los magistrados debió aislarse por COVID-19. De allí llegó la feria. En febrero Chayle Costilla solicitó licencias por enfermedad y luego hizo uso de una licencia por motivos personales y finalizado este permiso, la Corte de Justicia había resuelto el receso judicial extraordinario por motivo de la crisis sanitaria por coronavirus. Reanudada la actividad judicial Chayle Costilla solicitó licencia psiquiátrica, la que se extendería hasta finales de julio. En esa instancia el juez Morabito pidió la causa, obtuvo autorización para acceder a ella y asumió como presidente del Tribunal. Entonces se eligió un nuevo juez para que intervenga y se trató del juez Civil Pablo Sosa Guzmán.
Finalmente el juez subrogante natural Diego Chayle Costilla regresó a finales de julio y quedó nuevamente como presidente del Tribunal.
Ahora él debe fijar fecha de audiencia.
Conexidad
Lo particular del caso Morales-Da Prá es que existen dos causas en dos fiscalías. La investigación sobre quién o quiénes realizaron el video se encuentra a cargo de Ezequiel Walther. Según se conoció, cuando ambos exjueces realizaron la denuncia por el video la causa fue girada a él, quien, por una cuestión objetiva y tratándose del mismo conflicto pero de dos puntos de vista distintos, entendió que debía intervenir el mismo fiscal por lo que la remitió, por conexidad objetiva, a Barros Jorrat. Éste se opuso y la causa fue a la Fiscal General para que resuelva. Milagros Vega determinó que como en ese momento Barros Jorrat no tenía su causa porque la había enviado a Garantías para pedir el desafuero de los dos exjueces, correspondía que interviniera Walther en la denuncia por el video.
Así, y según pudo conocer este diario, en el primer decreto que realizó Walther hizo la salvedad, que sin perjuicio de la verticalidad que regía en el Ministerio Público Fiscal, él estaba en desacuerdo y mantenía el criterio que debía intervenir un solo fiscal. Hoy Walther cuenta con una prueba fundamental, la pericia oficial del video.
En ese marco se desconoce con qué elementos de pruebas cuenta o solicitó Barros Jorrat en su investigación para avanzar en la imputación de «cohecho pasivo agravado». Tampoco la conocen los sindicados ya que la indagatoria se suspendió cuando las defensas presentaron las nulidades al decreto de determinación del hecho.