Tras un juicio que expuso las acusaciones en su contra
La resolución que determinará si Guaraz es responsable o no de los hechos que se le atribuyen se conocerá el próximo martes.
Un hombre de traje y anteojos toma notas en una sala de audiencias; detrás, un hombre de campera roja y un policía.
Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta en el juicio en su contra.
El exintendente de Bañado de Ovanta llegó a debate acusado de abuso de autoridad. En los alegatos la Fiscalía pidió un año y ocho meses de prisión, la querella solicitó cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa reclamó la absolución.
Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, quedó a las puertas de una definición judicial luego de que las partes formularan sus alegatos en el juicio que se lleva adelante en su contra.
El proceso tiene como eje una acusación por abuso de autoridad y también fueron debatidos sucesos vinculados con supuestos hechos de índole sexual que fueron aportados por la querella.
Guaraz ocupó durante años el cargo de intendente de Bañado de Ovanta y su nombre quedó nuevamente vinculado a los tribunales a partir de la investigación que derivó en este debate oral. Durante las distintas jornadas del juicio se incorporaron pruebas y se escucharon los planteos de las partes, mientras el exjefe comunal declaró durante la audiencia del jueves y apuntó a que la “causa fue armada políticamente”.
Alegatos
Ayer, en la etapa de alegatos, la fiscal Cintia Romero solicitó una pena de un año y ocho meses de prisión por el delito de abuso de autoridad. A su turno, la abogada querellante Natalia Páez pidió una condena de cuatro años de prisión, pero por el delito de abuso sexual, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Por su parte, el abogado Jorge Bracamonte (h) defensor de Guaraz, sostuvo su postura y solicitó la absolución del exintendente. Cabe acotar que en el inicio del proceso, el letrado planteó la nulidad del juicio, pero el juez no hizo lugar.
Con los alegatos concluidos, el debate entró en su tramo final. Ahora será el juez Diego Chayle Costilla quien deberá valorar las pruebas producidas durante el juicio y los argumentos expuestos por las partes antes de emitir el veredicto.
La resolución que determinará si Guaraz resulta responsable de los hechos que se le atribuyen o si, como planteó su defensa, corresponde su absolución, se conocerá el próximo martes.
Sin embargo, el planteo del mandatario excedió el ámbito escolar y puso el foco en el impacto que tienen las redes sociales en la comunidad. Consideró que modificaron la manera de relacionarse y la vida cotidiana y sostuvo que es necesario avanzar en una discusión legislativa sobre su regulación, especialmente porque muchas de las normas dependen del ámbito nacional.
También anticipó que buscará involucrar al defensor del Pueblo en el abordaje de la problemática y señaló que existen experiencias de otros países que comenzaron a establecer límites y regulaciones sobre el uso de las redes.
Jalil vinculó, además, este fenómeno con el nivel de agresividad que observa incluso en la política. “Hay un problema que uno lo ve también en la política, la agresión que hay”, afirmó y sostuvo que se trata de una cuestión “mucho más compleja” que requiere un abordaje que involucre a las familias, las escuelas y la sociedad en su conjunto.
La definición política se produce mientras el caso de la estudiante continúa generando repercusión y vuelve a poner en discusión la responsabilidad de las instituciones frente al bullying, la exposición de adolescentes y jóvenes y la rápida viralización de contenidos en redes sociales.
