Editorial
Los informes que se vienen elaborando sobre el marcado laboral confirman que Argentina no tiene un problema de desempleo masivo, sino uno de calidad del empleo, y que éste se ha profundizado en los últimos años
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) acaba de dar a conocer un extenso trabajo titulado «Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2025)», que analiza tres lustros de evolución del mercado laboral urbano. La conclusión central es que desde hace quince años la informalidad laboral crece de manera sostenida en el país, afectando derechos, ingresos y protección social de una porción creciente de los trabajadores argentinos.
Pero ese deterioro estructural se ha acentuado desde la asunción de Javier Milei. En los últimos dos años ya se han perdido casi 300.000 empleos registrados. Es decir, un número cada vez mayor de argentinos trabaja, pero lo hace sin aportes, sin cobertura social, sin estabilidad y, en definitiva, sin la protección que supone el contrato de trabajo registrado.
La realidad desmiente uno de los argumentos centrales que desde el gobierno libertario se esgrimieron para justificar la flexibilización de las normas que regulan las relaciones de trabajo, en el sentido de que iban a generar más empleo y de mejor calidad. Sin embargo, la desregulación no ha traído consigo una expansión del empleo formal, sino un incremento del cuentapropismo, de la informalidad y de la precarización laboral. Ante la ausencia de creación de empleo de calidad, tanto en el sector privado formal como en el Estado, miles de trabajadores no tienen otra alternativa que refugiarse en changas, en el trabajo por cuenta propia sin ningún tipo de cobertura, o en ocupaciones de subsistencia que no ofrecen ninguna proyección de mejora.
Ante la pérdida de empleo de calidad, miles de trabajadores no tienen otra alternativa que refugiarse en changas, en un cuentapropismo sin ningún tipo de cobertura.
Otro relevamiento reciente, en este caso de la consultora Focus Market, denominado «EconoChori», ilustra con crudeza la magnitud del ajuste que atraviesan los hogares de menores recursos: en los barrios populares, la alimentación absorbe el 93 por ciento del presupuesto familiar. Prácticamente la totalidad de los ingresos de estas familias se destina a comer, lo que posterga, cuando no directamente elimina, cualquier otra erogación, incluidas necesidades tan básicas como el vestido, el transporte o la salud.
El mismo relevamiento aporta otros datos que completan el cuadro de la contracción del consumo popular. El 65 por ciento de los encuestados dejó de comprar ropa durante el último año. Un porcentaje idéntico, el 65 por ciento, dejó de comprar carne, un alimento históricamente central en la dieta argentina y hoy inalcanzable para buena parte de los hogares humildes. El 41 por ciento redujo o directamente eliminó las salidas recreativas. Pero el dato más inquietante es que el 20 por ciento de los hogares relevados dejó de comprar medicamentos.
El desafío que enfrenta la Argentina, entonces, no puede reducirse a la disputa sobre si el modelo económico logra o no contener la inflación. El costo de haber elegido a los salarios y al empleo registrado como principales variables de ajuste es altísimo, y además no es sostenible, pues no puede prolongarse indefinidamente sin generar una fractura social de proporciones.
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