Luego de más de dos años de una puja que erosionó la relación entre la administración libertaria y la comunidad académica, el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales lograron finalmente coincidir en un acuerdo económico para destrabar el conflicto presupuestario.
La propuesta acordada es un aumento salarial del 24,33% –21,33% para junio y un 3% adicional en octubre– y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. El acuerdo se terminó de sellar ayer, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con rectores y representantes gremiales en donde todos firmaron el acta que formaliza los ajustes.
“Esta actualización contempla la recomposición del desfasaje del año 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024”, precisa el acta firmada.
Allí también aclaran que la paritaria pasará a un cuarto intermedio de hasta tres meses para continuar la discusión salarial: “Contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al Indec y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje”. Esta es la principal diferencia con la ley aprobada y sostenida por el Congreso, en la que se reconocía la recuperación desde el 1 de diciembre de 2023.
El desenlace llega luego de dos semanas de conversaciones y de un derrotero de casi tres años que incluyó cuatro marchas federales universitarias, clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni, seis votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y una judicialización que llevó la disputa hasta la Corte Suprema de Justicia.
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