Opinión
Por Manuel Barrientos (4palabras.com)
El costo de vida para las familias argentinas no deja de apretar el bolsillo y la explicación central está en la disparada de los servicios públicos implementada desde la asunción de Javier Milei. Electricidad, gas, agua y transporte aumentan a un ritmo que supera con creces a la inflación general, devorando cada mes una porción más grande de los ingresos. Un informe del Instituto Argentina Grande lo sintetiza en un dato clave: mientras que en 2023 la canasta básica de servicios representaba menos del 5% de un salario promedio registrado, para julio de 2026 ese peso escaló al 12,6%.
El impacto en la economía cotidiana es directo. Los aumentos tarifarios no llegan aislados: conviven con subas constantes en alimentos, alquileres y transporte (la nafta subió 558% desde diciembre de 2023), en un escenario de pérdida creciente del poder adquisitivo. Para cubrir estos gastos fijos y llegar a fin de mes, cada vez más familias recurren al endeudamiento.
La escalada de las tarifas responde a la profunda reestructuración del esquema de subsidios estatales. Durante este año, los hogares que conservan asistencia estatal sufrieron un ajuste del 52,7% en la tarifa eléctrica, mientras que para los usuarios no subsidiados la suba fue del 39,6%. Ambos porcentajes quedaron muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que fue del 16,8%.
Si se analiza el trayecto acumulado desde el cambio de gobierno en noviembre de 2023 hasta mediados de 2026, la brecha es monumental. La tarifa eléctrica que estaba subsidiada subió un 1.065% en términos reales. La tarifa eléctrica no subsidiada aumentó un 509,5%. Esos números están muy por arriba de la inflación general, que acumuló un 320%.
Esta brecha alteró por completo los precios relativos y derivó en un achicamiento del gasto energético: durante el primer semestre del año, el consumo residencial de electricidad cayó un 2% interanual.
La razón detrás de estos saltos tarifarios se encuentra en las modificaciones normativas aplicadas por el Estado. Una supuesta “desregulación” que, en realidad, se trata de una nueva regulación que beneficia a las grandes empresas mientras castiga a los hogares. Por ejemplo, se fijó un tope máximo subsidiado de 300 kWh mensuales y se recortó del 65% al 50% la cobertura del valor del kilovatio-hora para los hogares de menores recursos. Además, para el sector de ingresos medios se ajustó el umbral de acceso, bajando el tope de elegibilidad de 3,5 a 3 canastas básicas totales.
Cada vez es más grande la distancia entre los ingresos familiares y lo que realmente queda para gastar. En abril de 2026, un trabajador privado registrado acumulaba una pérdida de poder de compra del 4,3% frente al promedio de 2023.
Sin embargo, cuando a ese sueldo se le restan los servicios fijos, la caída real del ingreso disponible escala al 9,7%. Este panorama se desarrolla, además, en un mercado de trabajo resentido. Según el relevamiento del instituto, entre noviembre de 2023 y la fecha de corte del reporte se destruyeron 241.746 empleos privados registrados. En el entramado productivo las señales también son de alarma: se contabilizó la salida del mercado de 30.633 empresas, con saldos mensuales negativos en 27 de los 31 meses analizados durante la actual gestión.
Este ahogo financiero termina dinamitando los presupuestos familiares. Sin margen para recortar en luz o gas y con sueldos recortados, miles de hogares terminan apelando a la tarjeta de crédito, los préstamos personales y las deudas informales para pagar lo esencial: comida y facturas de servicios públicos. En la Argentina actual, el endeudamiento dejó de ser una herramienta para adquirir bienes duraderos y se convirtió en la única red de contención para sostener la rutina más elemental de la vida cotidiana.
