LA FISCALÍA QUE INVESTIGA LA DENUNCIA CONTRA EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI
El fiscal Claudio Navas Rial dijo que la decisión se tomó ante las nuevas pruebas presentadas por el Gobierno.
El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial consideró que, a partir de nuevas pruebas presentadas por el Gobierno nacional en su denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por supuesto contrabando de armas a Bolivia durante su Gobierno, se deberá profundizar la investigación.
Se trata de pruebas aportadas por los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Martín Soria, quienes junto a la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, ampliaron su denuncia, lo que «permite robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada».
Los funcionarios informaron sobre el hallazgo de armamentos y municiones en depósitos de la Policía de Bolivia, que serían aquellos que se supone son parte del presunto contrabando.
Además, también informó de un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana, y que para ello, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas con argumento de que su destino era «la seguridad y protección del señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma».
El fiscal Navas Ríal ya imputó semanas atrás al ex presidente Macri; a sus exministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
Por pedido suyo y del juez en lo penal económico Javier López Biscayart es que se ordenaron varias medidas de prueba en el impulso de la investigación que está en su estado incipiente.
También como imputado está el entonces comandante de la Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba, «en razón del rol que este habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado».
La sospecha es por unos 70.000 cartuchos anti-tumulto que envió el Gobierno de Macri para supuestamente proteger a funcionarios diplomáticos de la Embajada argentina en Bolivia, pero que se sospecha contribuyeron a desestabilizar al entonces gobierno de Evo Morales.
«Es doloroso para la Argentina»
El exjefe del Ejército César Milani criticó el presunto envío ilegal de municiones a Bolivia durante la gestión del expresidente Mauricio Macri «es un hecho doloroso no solamente para Argentina sino para el continente».
Así se expresó en declaraciones a la radio La990 el ex titular del Estado Mayor General del Ejército durante la gestión de Cristina Kirchner, quien remarcó que es «un hecho doloroso que un país intervenga de esta manera ni más ni menos que en un golpe de Estado en otro país» de la región.
Milani consideró que la denuncia contra el gobierno anterior presentada por el Ministerio de Seguridad y el de Justicia «es irrefutable» porque aportó «imágenes de parte de la munición que se mandaba en la policía de Bolivia» y «prueba documental de cartas que se enviaron por parte del agregado de gendarmería al Jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia».
«Este material se compró aparentemente para el G20. Es material anti tumulto, básicamente son balas de goma y gases lacrimógenos y otros materiales del mismo tipo. Todo esto salió de forma ilegal a Bolivia», afirmó el exmilitar.
En el mismo sentido, agregó: «Esto se dio el 12 de noviembre en el momento en el que se producía el Golpe de Estado, pero la conclusión que saco yo es que esto se venia trabajando de mucho antes».