Polémica por la venta de derechos al Holding Rio
El ministro de Minería dio detalles del acuerdo firmado entre la Provincia y la minera que permitió la venta de los derechos. Dijo que todos los cambios fueron consensuados.
El Gobierno se metió en la polémica que se generó en torno a la venta por parte de la litífera norteamericana Livent, de sus derechos en la puna catamarqueña al holding Río Tinto en una operación multimillonaria: 6.700 millones de dólares en efectivo. En este sentido, el ministro de Minería de la provincia, Marcelo Murúa, apuntó a la oposición al sostener que, cuando se aprobó la ampliación del contrato entre la Provincia y la minera (FMC en ese momento) en la Legislatura, sus diputados dieron su respaldo. Además, indicó que la primera modificación del contrato realizada en 1994, estaba en el poder el Frente Cívico y Social.
La venta de Livent a Río Tinto se enmarca en el desconocimiento de si la Provincia, que tiene acciones clase A, dos directores y un síndico en la compañía, obtuvo algún porcentaje de la multimillonaria transacción.
Distintos referentes de la oposición indicaron que, cuando se trató la ampliación del contrato en diciembre de 2017, el Frente Cívico y Social se opuso a que se otorgue a la minera la posibilidad de vender sus activos sin la participación de la Provincia. En este marco, recordaron que se opusieron al párrafo del contrato entre la Provincia y la empresa que dice: “Las partes acuerdan que FMC Corporation (Livent) y sus sucesoras podrán ceder, en cualquier momento y sin el consentimiento de la Provincia, la totalidad de sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo y sus modificaciones a una compañía vinculada, ya sea presente o futura, incluyendo compañías vinculadas que fueran creadas con el propósito de convertirse en compañías públicas independientes que coticen y comercialicen libremente sus acciones en mercados de valores internacionales”.
Murúa dio detalles de la operación entre las empresas mineras que hasta el momento no se conocían. En ese sentido, dijo que las críticas de la oposición “carecen de fundamentos sólidos y que los acuerdos se realizaron dentro del marco normativo vigente”.
El ministro destacó que el monto de 6.700 millones de dólares que se conoce por la venta corresponde al valor de todos los activos de Arcadium Lithium a nivel mundial, incluyendo operaciones en Argentina, Australia, Canadá, así como plantas de conversión en Estados Unidos, China, Japón y Reino Unido. “Es erróneo afirmar que este monto se refiere solo al Proyecto Fénix en Catamarca”, dijo Murúa, asegurando que ese número “puede confundir a la opinión pública sobre el tema”.
Específicamente a la crítica sobre la falta de participación de la Provincia en los beneficios de la venta, Murúa se retrotrajo al contrato firmado en 1994 bajo el gobierno del Frente Cívico y Social en la Gobernación de Arnoldo Castillo. En esa línea, dijo que la Provincia, representada por el vicegobernador de entonces, aceptó la transferencia de los derechos mineros del Proyecto Fénix a Minera del Altiplano S.A. sin costo alguno.
Afirmó que en ese mismo contrato, se estableció que las regalías serían la única forma de participación provincial durante la etapa comercial del proyecto, algo que fue aprobado por la Ley Provincial Nº 4780. “Es importante señalar que las condiciones del contrato de 1994, acordadas por el gobierno del Frente Cívico y Social, definieron las limitaciones actuales sobre la participación de la Provincia”, subrayó el funcionario.
Más adelante, aseveró que en 2017, ante una nueva modificación del contrato con la empresa minera, la oposición de ese momento en la Legislatura aseguró que las modificaciones introducidas “simplemente” equipararon a Minera del Altiplano S.A. con el resto de los titulares de concesiones mineras, permitiéndoles disponer libremente de sus derechos bajo la normativa actual del Código de Minería de la Nación. Para respaldar sus dichos, Murúa pidió revisar la versión taquigráfica de aquella sesión del 20 de diciembre de 2017 en la Cámara baja.
En este marco, el ministro destacó que las decisiones adoptadas para las modificaciones de 2017 fueron discutidas y aprobadas con el apoyo de legisladores de distintos partidos, incluyendo miembros del bloque del Frente Cívico y Social-Cambiemos. Incluso, apuntó al actual diputado nacional Francisco Monti, que en ese momento era diputado provincial. Murúa recordó que en ese plenario, el diputado radical “expresó su beneplácito por las inversiones que estas políticas promovieron”.
Finalmente, ratificó que la operación es totalmente transparente, afirmando que toda la información relevante está disponible públicamente y fue debidamente aprobada por la Legislatura. “El contrato de 1994 está publicado en el Boletín Oficial y cualquier ciudadano puede consultarlo. Las acusaciones de que se actuó en secreto son infundadas”, cerró el ministro.
Planteos opositores
Uno de los primeros en opinar de la venta entre Livent y Rio Tinto y sus posibles prejuicios a la provincia, fue el diputado provincial y presidente de la UCR local, Alfredo Marchioli. El legislador, afirmó que la empresa lucró con los recursos de la Provincia, además de señalar que este posible perjuicio a las arcas catamarqueñas fue advertido por el Colegio de Geólogos de Catamarca en 2017, cuando se renovó el contrato entre Livent (FMC en ese momento) y el Ejecutivo provincial por la explotación del proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto.