CARA Y CRUZ
Lugar común de varios de los intendentes del interior catamarqueño que asumieron sus cargos en este diciembre es la denuncia de la magnitud de la herencia recibida. Esa herencia es, en términos generales, finanzas muy complicadas y un exceso de personal municipal, entre planta permanente, contratados y becados.
La “herencia recibida” para justificar las dificultades que pueden afectar el inicio de la gestión –vale tanto para municipios como para las provincias e incluso para el gobierno nacional- es un argumento que se utiliza de un modo recurrente desde hace años. De todos modos, razón no les falta a los jefes comunales entrantes.
En los últimos años, mientras las cuentas fiscales nacionales se hundían en el déficit, las provinciales gozaron de equilibrio o superávit, incluso en 2023. Un informe publicado en septiembre de este año por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales consigna que mientras el Estado nacional tenía en el primer trimestre un déficit primario del 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI), las provincias presentaban un balance positivo, aunque con un leve deterioro. En los primeros tres meses del 2023, las provincias registraron un superávit primario de 0,6% del PBI y 3,6% de los ingresos y un superávit fiscal de 0,3% del PBI y 1,5% de los ingresos.
En 2022 las cuentas daban aun mejor para los jurisdicciones subnacionales. En ese año, el superávit primario alcanzó el 0,7% del PBI y 4,0% de los ingresos y el superávit fiscal el 0,3% del PBI y 1,9% de los ingresos.
El deterioro es progresivo, pero hasta noviembre las provincias tenían cierto oxígeno financiero. También los municipios. La relativa disponibilidad de recursos que recibían los intendentes por coparticipación municipal y por aportes del tesoro provincial (envíos no automáticos o discrecionales) permitía hasta ahora cierto margen de maniobra, incluso para sumar contratados y becados.
Los nombramientos siempre se incrementan cuando la gestión del intendente saliente está por finalizar. Con ellos se pagan, en muchos casos, favores políticos o militancia.
Resulta obvio que una dinámica de crecimiento del número de empleados públicos de esta magnitud tiene su límite, sobre todo cuando se ha iniciado un período de fortísimo ajuste de las cuentas públicas que volverán imposible el sostenimiento de los salarios de todos.
El problema no es de fácil solución. Anular contratos y becas sería una decisión sencilla de adoptar si solo se miran planillas a nivel macro, pero esta perspectiva omite detectar a las personas de carne y hueso que están detrás de cada número. Debe entenderse que medidas de esta naturaleza empujan a la desocupación y a la pobreza o la marginalidad a los despedidos y sus familias. En esa encrucijada se encuentran los intendentes.
Debe entenderse, también, que no es competencia de los municipios convertirse en bolsa de trabajo. Sí deben tener los trabajadores suficientes para cumplir los roles tradicionales y otros nuevos que han ido asumiendo a lo largo del tiempo, como propiciar el desarrollo económico de la localidad, o contener a los sectores de mayor vulnerabilidad, pero no abarrotar de empleados las oficinas o las distintas áreas de su competencia.
Deberían explorarse alternativas legislativas de alcance provincial que regulen los nombramientos en los municipios y también en la administración pública provincial a los efectos de evitar los abusos. Prevenirlos es mucho más justo que resolverlos a través de despidos cuando ya los trabajadores están prestando servicio.