SIGUE LA TENSIÓN EN EL RADICALISMO CATAMARQUEÑO
El órgano que juzga a las dirigentes pidió que la Junta «deje sin efecto en forma inmediata su resolución» por considerarla «arbitraria».
La novela de la UCR por el caso Gómez y las Mujeres Radicales parece no tener fin y ayer sumó un nuevo capítulo, donde están enfrentados dos órganos internos del centenario partido.
Sucede que el Tribunal de Conductas se opuso formalmente a la decisión de la Junta Electoral de rechazar la suspensión temporal de la proclamación de las correligionarias que tienen un proceso abierto que investiga si cometieron «inconductas partidarias». En este contexto, el órgano que investiga a las dirigentes que se expresaron contra Gómez pidió a la Junta que deje «sin efecto en forma inmediata» su resolución.
El miércoles y ante la fuerte presión no solo interna del partido sino de todo el arco político local, como así también de más de 400 mujeres dirigentes radicales de todo el país, la Junta Electoral rechazó las medidas tomadas por el Tribunal contra las siete correligionarias por considerarlas «improcedentes».
La decisión del órgano electoral se tomó en base a una presentación de las dirigentes cuestionadas donde planteaban que lo definido por el Tribunal no se ajustaba a lo que establece la Carta Orgánica Partidaria. En ese sentido, para justificar su decisión, la Junta advirtió que la Carta Orgánica «es clara en cuanto a la falta de potestad del Tribunal para aplicar medidas suspensivas provisorias entendidas como cautelares o preventivas».
El jueves a última hora, los miembros del Tribunal de Conducta elevaron una nota a la Junta donde presentaron una «formal oposición» a su decisión por considerar que ésta «resulta manifiestamente arbitraria».
Según los miembros del Tribunal, la decisión de la Junta «constituye una inusitada infracción a las competencias propias que detenta cada órgano partidario establecido en la Carta Orgánica».
En ese sentido, advirtieron que «desconocer las facultades propias del Tribunal de Conducta establecidas en los artículos 58 al 70 de la máxima normativa partidaria implica un atropello institucional injustificado».
Posteriormente, señalaron que «el decisorio de la Junta fue realizado en clara contravención a lo reglamentado por la Carta Orgánica ya que en ella no figura una atribución de tales características que permita dejar sin efecto una resolución tomada por el Tribunal de Conducta en pleno uso de sus facultades, es decir, la de juzgar las acusaciones que se formulen contra los afiliados y miembros de los cuerpos orgánicos partidarios».
Finalmente, consideraron que la Junta «falta a la verdad al afirmar que la suspensión provisoria dispuesta por el cuerpo, a los efectos de poder llevar a cabo la investigación pertinente, representa una expulsión encubierta ya que la misma fue establecida solo por el término en el que dure el proceso, el cual nunca puede ser superior a los 45 días de ratificada la denuncia o acusación o iniciación del juzgamiento, hecho que fue debidamente determinado en la resolución del Tribunal».
El miércoles, 400 mujeres radicales de todo el país apoyaron a las dirigentes de la provincia. En un duro documento que lleva la firma de referentes de peso a nivel nacional expresaron su acompañamiento a sus correligionarias locales que «osaron presentar una nota a la Junta Electoral, solicitando que se baje la candidatura de Roberto Gómez, quien se presentaba como candidato a la Presidencia del Comité Capital y a quien le pesa una denuncia abierta por abuso sexual desde el 2019».