PIDIÓ QUE SE RESPETE EL PRINCIPIO DE INOCENCIA EN LAS LEYES
La precandidata a senadora nacional coincidió en la visión de que la ley abría una puerta al lawfare: «No está bien que una simple denuncia sea suficiente», dijo.
La diputada nacional y precandidata a senadora nacional Lucía Corpacci (FT) respaldó el veto del Ejecutivo al «inciso Aybar», que modifica la ley orgánica de municipios y establece la posibilidad de suspender y destituir a un intendente o concejal que reciba una condena por delitos dolosos. Para Corpacci «debe respetarse el principio de inocencia». Coincidió con la lectura de la posibilidad del lawfare: «No quiero la persecución de nadie, como vimos en la gestión anterior con las prisiones preventivas», lanzó.
Para Corpacci, está bien que «toda persona que tenga una condena o esté siendo procesada por un delito de esa naturaleza sea excluida de cualquier posibilidad de ocupar un cargo electivo», pero consideró que eso correspondería «solo si existe una condena».
«Lo que no creo que esté bien es que con la simple denuncia sea suficiente. Digo esto porque eso viola el principio de inocencia y nos pone a tiro a todos de que cualquiera nos ponga una denuncia y que nos veamos en una situación de no poder ejercer un cargo y es anticonstitucional”, dijo la exgobernadora en declaraciones a Cae el Telón, por Radio Ancasti.
En esa línea, Corpacci aclaró que no tenía el proyecto a mano, pero consideró que «hay que ser cuidadosos cuando uno hace una ley». «El principio de inocencia se debe respetar y es fundamental. No quiero la persecución de nadie. De hecho en nuestro país pasó durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri con prisiones preventivas abusivas que siempre hemos denunciado», cuestionó Corpacci.
La ley hace mención a una suspensión aprobada por el Concejo Deliberante o la Legislatura en caso de condena por delito doloso y destitución en caso de condena firme.
Cuestionamientos
La lista «Cambia Catamarca» de Juntos por el Cambio cuestionó las declaraciones de Corpacci al señalar que resultan «contradictorias».
«La norma vetada en ninguna parte establece prohibición para ocupar cargos públicos por una simple denuncia. Por el contrario, la modificación de la ley orgánica de municipios tuvo el propósito de impedir la continuidad en cargos de intendente a quienes se encuentren condenados por delitos dolosos. Desde nuestro espacio ratificamos la postura de que una persona condenada por la Justicia debe alejarse del ejercicio de cargos políticos hasta que la sentencia quede firme. Esperamos una pronta rectificación por parte de la diputada Corpacci respecto de un asunto de especial relevancia y sensibilidad», le reclamaron desde el sector que lleva a Flavio Fama y Francisco Monti como principales precandidatos.
La precandidata a senadora nacional en segundo término por el Frente Amplio Catamarqueño, Roxana Díaz, también criticó los dichos de la diputada nacional. «El falso feminismo de Corpacci le alcanzó para aprobar la ley de aborto, pero de creerle a las mujeres y de cuidarlas, nada», disparó.
«La contradicción de su discurso es imperdonable, toda vez que pone en dudas la credibilidad de las mujeres en situación de violencia y apaña a integrantes de su partido acusados de abuso. Las mujeres necesitamos otra manera de entendernos entre nosotras. Ella como legisladora nacional tiene las herramientas para generar los cambios que pregona. ¿Por qué no lo hizo?», se preguntó.
Por su parte, el Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda-Unidad, sostuvo en un comunicado que «la discusión entre oficialistas y opositores sobre el inciso Aybar deja a las claras el oportunismo de ayer y hoy de los representantes de los partidos que nos gobiernan».
«Aybar integró las listas de Cambiemos mientras ya estaba esperando fecha para el juicio oral que terminó con su condena. Para ser reelecto como intendente no sólo contó con el beneplácito de los más encumbrados dirigentes de la UCR, el PRO y sus aliados, sino también del peronismo y el kirchnerismo, que lo dejaron pasar sin chistar. Recién cuando vieron la movilización que repudiaba al abusador sacaron la cabeza del suelo», cuestionaron.
«El caso Aybar sigue siendo usado para lavarse la cara entre el FT y JPC, dejando de lado el interés de las mujeres víctimas de abusos y violencias. Valen como ejemplo los casos que los tienen por denunciados al intendente Elpidio Guaraz y al concejal Daniel Zelaya», remarcaron.
¿Qué dice la ley vetada por el Ejecutivo?
La modificación de la ley orgánica de municipios que incorporó el denominado «inciso Aybar» surgió de la Legislatura luego de que el intendente de Puerta de Corral Quemado Enrique Aybar (UCR) fue condenado por el abuso sexual de una adolescente que estaba a su cuidado.
La ley incorporó un artículo sobre la «intervención a las municipalidades, destitución o suspensión del intendente o de un miembro
del Concejo Deliberante».
El mecanismo planteado opera con la necesidad de construir mayorías políticas en torno a cada caso, siempre que no hubiera condenas firmes. Dice textualmente:
«Suspensión: el titular del Departamento Ejecutivo Municipal o un miembro del Concejo Deliberante será suspendido y separado del cargo, sin goce de haberes, si fuese condenado penalmente por delito doloso, hasta tanto se resuelva en sentencia definitiva. De resultar firme la sentencia condenatoria, opera la destitución sin más trámite.
Destitución o suspensión: corresponde la destitución o suspensión del titular del Departamento Ejecutivo o de un miembro del Concejo Deliberante por desorden de conducta en ejercicio de sus funciones y/o inhabilidad física o moral grave sobreviniente.
En los casos de suspensión, la misma será por el término de hasta ciento ochenta (180) días.
Tanto la suspensión como la destitución requerirán del siguiente procedimiento:
a) Municipios sin Concejo Deliberante: por Ley sancionada con los dos tercios (2/3) de votos de la totalidad de los miembros de cada Cámara, la que no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo.
b) Municipios con Concejo Deliberante: con el voto de las tres cuartas (3/4) partes de la totalidad de sus miembros, pero bastará más de la mitad para decidir la renuncia que voluntariamente hicieran de sus cargos».
Esta modificación se convirtió en ley en julio de este año con el voto de todos los sectores en la Legislatura.
El Gobierno decidió vetarla la semana pasada por considerar que no se respetaba el principio de inocencia, al margen de que se destacó el «intento loable» por solucionar este conflicto.
Ahora la iniciativa vetada ingresará a la Cámara de Diputados, donde se originó el proyecto, y ya hubo expresiones de legisladores del oficialismo y la oposición que anticiparon que habrá un rechazo a la postura del Poder Ejecutivo y podrían insistir con la media sanción.
Esa media sanción debe ser respaldada por una mayoría calificada en el Senado para ser ley definitivamente.