Editorial
Nueve meses después de haberse aprobado el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), contenido en la denominada Ley Bases, apenas se presentaron un puñado de proyectos, de los cuales solo dos fueron aprobados y ninguno puesto en marcha. Es decir, nada por aquí, nada por allá. Pese a los enormes beneficios que el régimen les concede a los potenciales inversores, la falta de confianza en la sustentabilidad del programa económico gravita como restricción para la radicación de grandes proyectos. El problema de fondo es que, por las propias características ideológicas del gobierno libertario, que desdeña la participación del Estado en el impulso de la economía nacional, no hay muchas otras alternativas para proyectar un crecimiento productivo en la Argentina.
El RIGI hasta ahora ha sido un verdadero fracaso: solo dos proyectos fueron aprobados en todo el país –en ambos el principal inversor es YPF- y ninguno puesto en marcha.
En ese contexto, la caída de la inversión en 2024 fue notable. La inversión real directa del Estado argentino, el año pasado, fue la más baja en los últimos 20 años. Y la inversión privada también, con una caída respecto de 2023 del orden superior al 13%, según los datos publicados por la consultora Orlando Ferreres y Asociados.
Otro inconveniente es que los dos proyectos aprobados en el marco del RIGI se formularon en un momento en el que el riesgo país se encontraba apenas por arriba de los 600 puntos, mientras que hoy, en un combo pernicioso de sangría de las reservas que se verifica desde comienzo de año e inestabilidad global por las medidas proteccionistas impuestas por Donald Trump, el riesgo país llegó a estar en torno a los 1.000 puntos el martes, y si bien ayer bajó un 9% a partir del anuncio del Fondo Monetario Internacional de que aprobaría un acuerdo con la Argentina por 20.000 millones de dólares, no hay genuinas garantías de que baje a los números de hace un par de meses.
Esos proyectos aprobados son el desarrollo de un parque fotovoltaico propuesto por la estatal YPF Luz y el oleoducto dedicado a la exportación Vaca Muerta Sur, que impulsa YPF asociado a los principales jugadores de la cuenca neuquina. Este último es de gran envergadura, con una inversión presupuestada del orden de los 1.800 millones de dólares.
Ambas iniciativas dependen de líneas de crédito de bancos internacionales que, cuando el riesgo país sube, suben también las tasas de interés.
Una de las críticas que el régimen recibió fue que, por la manera en que fue confeccionado, condena a la Argentina a ocupar durante las próximas décadas un rol de un mero exportador de commodities, sin la posibilidad de agregarle valor a las materias primas.
El RIGI fue concebido para beneficiar a fondos de inversiones superiores a 200 millones de dólares, y por lo tanto excluye de beneficios a las pequeñas y medianas empresas. De modo que lo que se necesita es un régimen de promoción de la inversión que favorezca a las pymes, que son las que desarrollan el mercado interno, movilizando la economía y generando empleo.