EDITORIAL
Esta semana, el presidente Javier Milei anunció en la provincia de San Juan el lanzamiento de un Plan de Alfabetización, herramienta que el gobierno considera clave para que “los estudiantes de la Argentina puedan leer, comprender y producir textos en forma acorde a su nivel educativo”.
En rigor, casi nada se conoce del mentado plan. Solo algunos enunciados y objetivos. Por ahora es apenas un anuncio, por lo que habrá que esperar su elaboración con mayor nivel de detalle para sacar conclusiones respecto de su adecuación a las necesidades educativas de la Argentina.
Nuestro país no tiene grandes necesidades de alfabetización en el sentido más tradicional del término, es decir, el aprendizaje de la lectura y la escritura. De hecho, es uno de los más alfabetizados de América Latina. Pero indudablemente, de acuerdo con las evaluaciones realizadas, un gran problema es que muchos alumnos no entienden lo que leen. Las pruebas Aprender 2016, señala en sus fundamentos el decreto 579/2024 que crea el Plan de Alfabetización, arrojaron como resultado que “cuatro de cada diez estudiantes de tercer grado se ubicaron en el nivel básico o menor de desempeño, presentando mayores dificultades en la interpretación de textos”.
El instrumento legal consigna además que “carecer de conocimientos y habilidades básicas de lectura y escritura reduce las posibilidades de elección, el acceso a la educación superior, las oportunidades laborales y la participación democrática y creativa en la sociedad”. Y que, por lo tanto, no permite que haya “igualdad de oportunidades”.
Las motivaciones para la creación del plan son inobjetables, sin embargo surgen dudas respecto de su implementación a escala nacional. Por ejemplo, cómo se financiará.
El Gobierno nacional que anunció la futura puesta en marcha de un plan en principio ambicioso es el mismo que concretó un recorte del presupuesto educativo de gran envergadura, al extender en el 2024 la vigencia del aprobado para el 2023 sin convalidar una actualización por inflación. Y que aún así subejecuta partidas. También paralizó la construcción de numerosas obras de infraestructura educativa, incluso edificios escolares nuevos con un grado de avance importante.
Finalmente, es el mismo gobierno que terminó con el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y que ahora, a través de los legisladores del oficialismo y aliados del PRO, el radicalismo y otros bloques, se niega a tratar o dilata el tratamiento de un proyecto de ley que garantice el financiamiento de la educación en todos sus niveles.
Un plan que tenga como objetivo mejorar el nivel de la educación argentina siempre es esperanzador. Pero para que rinda sus frutos es necesario que, además de ser diseñado a partir de un debate pluralista y contemplando las necesidades educativas de todos los sectores sociales y todas las regiones del país, disponga de un financiamiento garantizado, para que no quede en un mero enunciado de propósitos y de buenos deseos, sin concreción en la práctica ni bajada en la realidad.