ESTELA DE CARLOTTO
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo dijo que desde que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron nombrados por decreto por Mauricio Macri, la Corte busca «horadar el consagrado proceso de Memoria, Verdad y Justicia»
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, prestó su testimonio este martes ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que investiga a la Corte Suprema y aseguró que el fallo «Muiña» que firmaron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz junto con la exjueza Elena Highton de Nolasco en 2017 representó un golpe demoledor para quienes llevan más de 45 años buscando verdad y justicia, ya que los magistrados «fallaron favoreciendo a los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia».

Carlotto comenzó su testimonio con un breve repaso sobre la formación de Abuelas de Plaza de Mayo y sobre el recorrido que debieron hacer sus integrantes para exigir justicia. A partir de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, recordó, «vimos cómo en todo el país empezaron a juzgarse a los responsables de los crímenes de la dictadura por sus jueces naturales y con todas las garantías del debido proceso» y, añadió: «pese a que en este proceso de juzgamiento hubo falencias, dificultades y obviamente sentencias con las que no estuvimos de acuerdo, ya no dudamos del compromiso de los tres poderes del Estado para la consecución de la Verdad y de la Justicia».

Sin embargo, «las cosas comenzaron a cambiar a fines de 2015», con «la escandalosa irrupción de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al Tribunal Supremo a través del decreto 83/15 firmado por el entonces presidente, Mauricio Macri», advirtió. Ese «vicio de origen de desprecio institucional», lamentó De Carlotto, «parece haber sido una marca indeleble que se fue reproduciendo en decisiones de la Corte buscando horadar el consagrado proceso de Memoria, Verdad y Justicia».

Como primer indicio de «lo que iba a suceder después», de Carlotto mencionó el fallo «Fontevecchia”, de febrero de 2017. «En aquel caso la Corte determinó que no estaba obligada convencionalmente a acatar las sentencias contenciosas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contraviniendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino, y su propia jurisprudencia», señaló.

Luego, en abril de 2017, llegó el fallo “Alespeiti”, por el cual se le concedió la prisión domiciliaria al ex militar Felipe Jorge Alespeiti, quien ya había sido condenado a 22 años de prisión. Dos semanas después, el 3 de mayo de 2017, tuvo lugar «ese intento de golpe a la lucha de víctimas, familiares y organismo de derechos humanos: el fallo Muiña», repasó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

«Todos recordamos lo que significaba ese fallo, abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles comunes como a aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria», sostuvo De Carlotto, al tiempo que señaló el «cinismo» por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton ya que entre otros argumentos mencionaron el «retraso en la tramitación de las causas, ya sea de los juicios en curso como de las instancias recursivas pendientes en todas las instancias judiciales de las cuales la propia Corte es cúspide».

En el fallo “Muiña”, con la aplicación de la ley 2×1, «esbozaron un estándar general y de esta manera los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Highton fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia, a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario», remarcó de Carlotto, quien concluyó su testimonio denunciando la «lentitud en la tramitación de las causas que ya tienen sentencia pero que no aún esperan la confirmación de la Corte para adquirir firmeza» y la inactividad de la Comisión Interpoderes, entre otras irregularidades.

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