Entre otras medidas
La medida permitirá a los usuarios elegir en qué Registro del Automotor hacer sus trámites
El Ministerio de Justicia de la Nación emitió un comunicado informando cambios en el sistema registral de automotores que confirman el avance en la dirección prometida en campaña electoral por el presidente Javier Milei, que incluye terminar con algunos “negocios o cajas de la política” como el de los Registros del Automotor.
Las medidas fueron anunciadas por el Ministro Mariano Cuneo Libarona y el Viceministro Sebastián Amerio, estas nuevas medidad incluyen una baja al 1% del arancel de transferencia, la eliminación de cargos por cédulas de identificación, títulos y chapas patentes, la creación del Legajo Digital Único y el establecimiento de un tope para las ganancias de los Registros Automotores.
La baja al 1% del arancel de transferencia implica una unificación de un ítem que tenía dos diferentes alícuotas de acuerdo al origen del automóvil. Si se trataba de un auto de fabricación nacional, el arancel era de 1,5% sobre el valor de la unidad, y si era importado, esa alícuota era del 2%. La baja implica una reducción de hasta un 50% en el caso de los autos que más debían pagar. Para tener como referencia, un auto importado de Brasil modelo 2020 paga hoy unos $180.000 de arancel, con lo que esta medida reducirá ese importe a unos $90.000 únicamente en este item.
La eliminación de costos por emitir las cédulas de identificación ($5.290), el título de propiedad automotor ($2.580), las chapas patente ($11.050) y la certificación de hasta dos firmas ($1.300 c/u) eran costos fijos que ahora no se pagarán más. La reducción de costos para los usuarios será de hasta unos $21.520 en el mejor de los casos, aunque habrá que esperar la reglamentación de las medidas para entender quién será el que asuma ese costo que seguirá existiendo.
La creación del Legajo Digital Único es, probablemente, el más trascendente de los anuncios de este comunicado, porque si bien los puntos anteriores impactan en el bolsillo de los usuarios, la digitalización de toda la documentación es la que permitirá la esperada implementación de un sistema registral automotor remoto y abierto.
En el comunicado de este viernes no se dieron detalles al respecto, por lo que no se sabe si ese legajo efectivamente ya se ha creado al 100% o si está en proceso de completarse, ya que existe desde 2016 pero no tenía toda la información completa de cada vehículo y su titular.
Sobre este punto es que está puesta la expectativa del sector, especialmente porque en las últimas horas el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anticipado que “probablemente la semana próxima se puedan hacer transferencias de automotores desde tu casa”. Lo dijo en una entrevista televisiva en La Nación +, explicando luego que es un proceso que tiene una correlación con otras medidas como la firma digital que debía ocurrir primero. Consultadas fuentes del Ministerio de Justicia, sólo se limitaron a decir que no tienen nada para comentar al respecto.
La creación del Legajo Digital Único es el primer paso para la concreción del esperado Registro del Automotor remoto que evitará a los usuarios tener que concurrir de manera presencial a hacer un trámite de transferencia.
Adicionalmente, la digitalización de legajos agilizará los trámites y evitará el traslado de documentación de papel entre los distintos registros del automotor. “Esto implica un ahorro mensual de $1.300 millones de pesos para la administración pública que se gastaban en traslados de correo”, dijo el gobierno.
Finalmente, la decisión de permitir que cada ciudadano haga los trámites en el Registro Automotor que prefiera y no tenga que estar atado a una jurisdicción en particular, abre la competencia entre los registros. Muchos funcionan bien, pero muchos otros son muy ineficientes, lo que siempre representa una complicación para los usuarios, quienes tienen que ir varias veces porque falta un papel, porque un empleado del registro no leyó bien el sello o tipearon mal alguna información, lo que termina siendo costosísimo en tiempo para las personas.
Como resultado de todos estos cambios, “regresan al bolsillo de los argentinos más de $36.000 millones de pesos por año”, aseguró el Ministerio de Justicia.