INFORME SOBRE ESPIONAJE ILEGAL
La Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, entregó ayer a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el informe que el Congreso había solicitado para fiscalizar el seguimiento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), base de una presunta estructura de escuchas ilegales durante el Gobierno de Cambiemos, con la posible participación de sectores de la justicia.
“Es evidente que aquí se estructuró una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria. En un país donde atravesamos circunstancias como el terrorismo de Estado nos preocupa muchísimo que se haya tratado de erigir un terrorismo judicial”, indicó Moreau, al tomar la palabra en un acto en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso.
Estuvieron presentes además de Moreau, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade y su par Eduardo Valdés, y los senadores oficialistas, Martín Doñate y Oscar Parrilli, todos miembros de la comisión.
Según anticipó Ámbito, el informe analizó la difusión en medios de comunicación de conversaciones privadas, especialmente las que involucraron a Cristina Fernández de Kirchner y al diputado y extitular de la AFI durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli, a quien escucharon durante 209 días.
Pero también las que obtuvo Claudio Bonadio de exfuncionarios detenidos en el penal de Ezeiza (lo que se conoció como “Operativo Puf”) y que, de acuerdo a la cronología y a los elementos de prueba recabados, jamás debió haber obtenido de manos de la Dajudeco.
El informe de la Bicameral compromete al camarista Martín Irurzun, entonces al frente de la Dirección –ya que tuvo el doble rol de juzgados y autoridad- y a Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien estaba a cargo del área operativa.
Durante la presentación estuvieron los titulares de ambas cámaras, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa como una manera de mostrar unidad institucional ante lo revelado por la investigación.
Al tomar la palabra, Moreau realizó una síntesis de la conformación de la Dajudeco e indicó que el origen de las presuntas irregularidades fue el traspaso de la Oficina de Escuchas de la Procuración General al ámbito de la Corte Suprema, lo que significó «la creación de una policía judicial por la cantidad de misiones que se le adjudican y por la capacidad de tener una mirada panóptica sobre los procesos penales de la Justicia argentina”.
El informe señala, entre otras consideraciones, que luego del Decreto de Necesidad y Urgencia, firmado por el gobierno anterior a poco de asumir, se constituyó la Dajudeco, y lejos de “ser una instancia de apoyo administrativo a pedido de los magistrados en determinadas causas, se transformó en una herramienta del máximo tribunal de Justicia de la Nación para supervisar la persecución penal del poder jurisdiccional”.
También se sostiene que “el campo de acción del nuevo organismo se definió a través de acordadas que, en algunos casos, han sustituido y reemplazado las facultades del Congreso de la Nación ya que la creación de esta verdadera policía judicial entra en el terreno de la organización de la Justicia Federal Penal, tarea que le corresponde al Parlamento”.
“Al estar conducida esta estructura de policía judicial por jueces penales con jerarquía de camaristas se produjeron situaciones donde quienes producían la prueba, tenían luego la posibilidad de evaluarla”, explicó el diputado.
El informe de la comisión parlamentaria mencionó casos concretos en los que se dio esta “superposición de funciones”. La Bicameral sostiene que “en esos casos hubo filtraciones periodísticas, escuchas telefónicas que tuvieron amplia repercusión pública, y también sirvieron para que un fiscal, que actualmente se encuentra procesado por instar actividades de espionaje ilegal, iniciara causas sobre supuestos delitos que resultaron ser falsos”.
El informe señala, entre otras consideraciones, que luego del Decreto de Necesidad y Urgencia, firmado por el gobierno anterior a poco de asumir, se constituyó la Dajudeco, y lejos de “ser una instancia de apoyo administrativo a pedido de los magistrados en determinadas causas, se transformó en una herramienta del máximo tribunal de Justicia de la Nación para supervisar la persecución penal del poder jurisdiccional”.
También se sostiene que “el campo de acción del nuevo organismo se definió a través de acordadas que, en algunos casos, han sustituido y reemplazado las facultades del Congreso de la Nación ya que la creación de esta verdadera policía judicial entra en el terreno de la organización de la Justicia Federal Penal, tarea que le corresponde al Parlamento”.
“Al estar conducida esta estructura de policía judicial por jueces penales con jerarquía de camaristas se produjeron situaciones donde quienes producían la prueba, tenían luego la posibilidad de evaluarla”, explicó el diputado.
El informe de la comisión parlamentaria mencionó casos concretos en los que se dio esta “superposición de funciones”. La Bicameral sostiene que “en esos casos hubo filtraciones periodísticas, escuchas telefónicas que tuvieron amplia repercusión pública, y también sirvieron para que un fiscal, que actualmente se encuentra procesado por instar actividades de espionaje ilegal, iniciara causas sobre supuestos delitos que resultaron ser falsos”.
