La defensa interpuso un recurso
La abogada manifestó las contradicciones. El caso se resolverá en la Sala Penal de la Corte de Justicia.
La causa penal que investiga al diputado provincial Javier Galán por presuntos delitos de abuso sexual y amenazas sumó un nuevo capítulo en los estrados judiciales.
La defensa del legislador formalizó un recurso de casación para impugnar el fallo de la Cámara de Apelaciones —que había dejado firme la vía para avanzar con el desafuero—, lo que suspende temporalmente la elevación del expediente por parte del juez de Control de Garantías, Marcelo Sago, hacia la Cámara de Diputados.
Con esta presentación, el trámite procesal abandonará la órbita de Garantías y se elevará ante la Sala Penal de la Corte de Justicia de la Provincia, tribunal que deberá resolver si admite la vía recursiva o si deja firme la resolución para que el legislador quede sin fueros y a disposición de la Fiscalía de Instrucción.
La presentación casatoria se radicó formalmente el 21 de septiembre, cuestionando la resolución de la Cámara de Apelaciones que habilitó el pedido de desafuero y objetando puntualmente la aplicación y constitucionalidad de normas procesales de fondo vinculadas a las inmunidades parlamentarias y el alcance de las medidas cautelares sobre legisladores en ejercicio.
Al respecto, la abogada querellante Silvia Barrientos, en representación de las denunciantes, criticó la estrategia dilatoria de la defensa.
“Ya lo había advertido él en la audiencia: si las cosas no salían como quería, iba a casar. El 21 de septiembre presentó la casación contra los dictámenes favorables a las víctimas y planteó cuestiones de inconstitucionalidad. Mientras tanto son dilaciones y más dilaciones. Está en su derecho de apelar, pero algún día se terminan los recursos. El daño que se le causa a las múltiples víctimas es muy grande”.
La articulación de este recurso extraordinario tiene un impacto directo en el calendario del proceso: hasta tanto la Cámara de Apelaciones conceda el trámite y la Corte de Justicia tome intervención definitiva, el juez de Control de Garantías, Marcelo Sago, no cuenta materialmente con el expediente principal en su juzgado, viéndose impedido de remitir el oficio formal de desafuero a la presidencia de la Cámara de Diputados.
Es decir, el diputado mantiene sus fueros parlamentarios vigentes hasta que exista pronunciamiento de la máxima instancia judicial provincial.
Por su parte, el abogado Morales, corepresentante del colectivo de denunciantes, remarcó la angustia que genera la extensión de los plazos judiciales en las damnificadas.
Ahora, la definición del caso quedará en manos del máximo tribunal provincial, que deberá determinar si convalida la vía de desafuero solicitada por la fiscalía o si hace lugar a los agravios planteados por la defensa de Galán.
