Editorial
La Sala Penal de la Corte de Justicia resolvió, por unanimidad, confirmar el fallo de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación que declaró culpables a tres policías por el delito de “vejaciones”. Es una buena noticia que se castiguen estos casos de violencia institucional, pero se trata de una excepción que confirma la regla. Y la regla es que la inmensa mayoría de los casos de vejaciones, torturas y apremios, que ocurren de un modo sistemático en las dependencias policiales, permanecen impunes.
Salvo Gustavo Aguirre, ningún ministro de Seguridad manifestó su intención de avanzar sobre estas aberraciones, que convierten a las comisarías -en Catamarca y en todo el país- en reductos donde perduran prácticas propias de las épocas de la dictadura: violencia física y psicológica, humillaciones, privaciones de lo más elemental para horadar la dignidad propia de la condición humana del arrestado.
Tampoco Aguirre pudo hacer mucho, porque duró poco en el cargo o, tal vez, porque se requiere más que una expresión de buenas intenciones para modificar una cultura de violencia fuertemente arraigada, que se gesta en la formación o instrucción policial básica y se termina convalidando cuando el, o la policía, se calza el uniforme y recibe un arma.
Las vejaciones policiales sistemáticas existen pero ni el Poder Ejecutivo, ni la Justicia ni los legisladores hacen nada para que dejen de existir. Las víctimas de los apremios rara vez denuncian, porque temen represalias pero por sobre todas las cosas porque, como se dijo, son muy pocas las denuncias que se investigan y terminan formando parte de una causa penal.
Muy saludable sería que los funcionarios de los tres poderes visitaran las comisarías para advertir las condiciones en las que se encuentran los arrestados –muchos de los cuales están solo en averiguación de un hecho y ni siquiera serán imputados por algún delito- y el trato que reciben. Quizás se enteren, además, de que una parte de los elementos de higiene, comida, bebidas u otras pertenencias personales que familiares les llevan a los que están privados de la libertad suelen perderse en el camino que va del mostrador de la seccional hasta las celdas.
La condena a los tres policías mencionada al comienzo de esta columna es por un hecho de inusitada gravedad. Fue una paliza que le demandó a la víctima 45 días de curaciones e igual tiempo de inhabilitación para trabajar, según el informe médico realizado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). Esa gravedad y la voluntad de impulsar la causa de parte del ciudadano agredido y su abogado fue lo que posibilitó que finalmente se hiciera justicia.
Pero, como también se dijo, la impunidad es el denominador común. Y además la causa de un círculo vicioso. Porque como las vejaciones por lo general no se investigan, mucho menos se castigan, sus víctimas ni siquiera las denuncian.