SERÁ EL 14 DE SEPTIEMBRE, EN LA CÁMARA PENAL N°1
En el expediente están involucradas 10 personas. Este año, la causa cumplirá 17 años y se inició por una investigación de El Ancasti en el 2004.
La causa conocida como el «Megafraude» en Desarrollo Social, tendrá una nueva oportunidad para finalmente empezar a ser resuelta. Es que, la Cámara Penal N°1, donde está el expediente, fijó como fecha para el inicio del juicio el próximo 14 de septiembre.
En esta causa se investiga supuestos actos de corrupción en la contratación de capacitaciones organizadas por fundaciones por parte del Estado provincial en el primer mandato de Eduardo Brizuela del Moral. En octubre, el “Megafraude” cumplirá 17 años desde que comenzó su investigación que aún sigue sin resolverse. Si no hay ningún inconveniente o nueva demora, la causa cumplirá un nuevo aniversario en pleno juicio y con sus involucrados declarando.
Con esta nueva convocatoria, es la cuarta vez que el tribunal le pone día y hora al comienzo de juicio. La vez anterior, el proceso oral debía comenzar el 6 de agosto de 2019, pero se suspendió. El año pasado y en parte por culpa de la pandemia, no hubo avances en el expediente y ahora vuelve a tomar impulso.
De acuerdo a lo que pudo conocer este diario, la Cámara tiene la decisión de dar inicio al proceso oral y evitar las dilaciones que entorpecen su comienzo. Como el expediente cuenta con un sinnúmero de fojas e involucra varias personas, el tribunal deberá abocarse en forma completa a la causa para que pueda avanzar en forma rápida.
De igual forma y como ocurrió las veces anteriores, las partes involucradas pueden presentar nueva oposiciones a este nuevo llamado y volver a suspenderlo. Quedará en manos del Tribunal, aceptar o no los planteos. Si los rechaza, las defensas de los involucrados pueden llevar sus reclamos a la Corte de Justicia e incluso al máximo tribunal nacional tal como ya ocurrió en una oportunidad.
Actualmente, la Cámara está integrada por Fernando Esteban, Carlos Moreno y Mauricio Navarro Foressi.
Antecedentes
La vez anterior, cuando el juicio debía comenzar el 6 de agosto de 2019, el proceso oral se suspendió porque uno de los integrantes de la Cámara Penal, Jorge Álvarez Morales, pidió licencia por razones de salud.
Ante la situación, se designó a un subrogante que también se excusó. Luego de esa fecha, no se conoció más nada del expediente hasta ayer.
Anteriormente, en 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar un recurso extraordinario presentado por el abogado Víctor García, defensor del extitular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, uno de los imputados en la causa. El defensor planteaba la prescripción de las actuaciones.
En marzo de ese año, García presentó un recurso de casación en contra de la sentencia de la Cámara por la que se había rechazado el planteo de prescripción de la causa.
En febrero de 2018, la Cámara integrada en ese momento por Fernando Damián Esteban, Jorge Álvarez Morales y Fabricio Gershani Quesada había rechazado el planteo de prescripción que García había presentado un año antes.
El 11 de diciembre de 2017, un día antes de la fecha que se había fijado para el inicio del juicio, García pidió el sobreseimiento de Arriazu y de quien por entonces era su defendida, la exempleada del Ministerio de Desarrollo Social Nancy Madueño, por insubsistencia de la acción penal. El abogado había justificado este planteo, atento a que consideraba que la causa ya se encontraba prescripta por el tiempo transcurrido.Un año antes, en abril de 2016 las actuaciones llegaron a la Cámara Penal Nº1 para fijar fecha de juicio, que tras un año se definió para el 16 de agosto de 2017. Un día antes, los abogados Víctor García e Iván Sarquís plantearon una serie de nulidades y el inicio del juicio se suspendió.
Finalmente, esos planteos fueron desestimados, la Corte local solicitó que se fije nueva fecha y se resolvió el inicio del juicio para el 12 de diciembre de 2017, cuando también se suspendió.
La causa de las fundaciones y capacitaciones
La causa del «Megafraude» se inició en base a una investigación de El Ancasti.
En octubre de 2004, tras una serie de publicaciones, se inició una investigación judicial en la que se busca a los responsables de la triangulación entre los Ministerios de Desarrollo Social y Hacienda junto con dos fundaciones que cobraron alrededor de $5 millones por el supuesto dictado de cursos de capacitación que no se realizaron, o se hicieron con un número de cursantes inferior al declarado. Este fue el primer hecho polémico en la gestión de Eduardo Brizuela del Moral que había iniciado tan solo un año antes.
Además de Arriazu y Madueño, están imputados el exdirector de Políticas Juveniles Ariel Regina, el exsecretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas; el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante; y exfuncionarios del Ministerio de Hacienda: María Cristina Barros de Voget, Guillermo Alberto López, Liliana del Valle Jalil de Barrera, Susana Beatriz de la Colina, y Juan Andrés Barrios, todos por 24 hechos.