Opinión
Siempre en busca de banderas para sostener su “batalla cultural”, el Gobierno nacional desempolva la discusión sobre la siempre taquillera, por simplista, reducción de la edad para ser imputado por delitos penales. Las carencias en términos de originalidad intentan compensarse con consignas como “delito de adulto, pena de adulto” o “el que las hace las paga”, con las que se pretende impregnar a la iniciativa con los condimentos refundacionales y épicos característicos de la narrativa libertaria.
Es demagogia de manual para un debate que, en el mejor de los casos, solo interesa al área metropolitana y urbes muy puntuales del país. Tan cierto es esto, que en Catamarca la controversia recién se activó cuando el juez penal juvenil Rodrigo Morabito le escribió una carta a Javier Milei rechazando el proyecto.
El magistrado calificó la baja de edad de imputabilidad como una «medida cortoplacista» e insistió en que «no va a resolver el problema de la inseguridad de las personas».
«Esto no significa demonizar ni angelizar a los chicos. Los chicos cometen delitos, pero eso no significa que a partir de un caso puntual tengamos que salir a legislar algo que no ha resuelto el problema de la inseguridad», agregó.
Le señaló al Presidente un episodio emblemático en esto de explotar políticamente la empatía social hacia las víctimas del delito: «¿Recuerda el caso de Axel Blumberg? Después se endureció el sistema penal en la República Argentina (…) y seguimos debatiendo el problema de la inseguridad. El sistema penal en general se ha endurecido en la República Argentina y seguimos debatiendo lo mismo”.
Axel Blumberg fue secuestrado y asesinado en 2004. Su padre, Juan Carlos Blumberg, congregó multitudes conmocionadas por el caso en su reclamo de justicia. La movilización alarmó a la política. El presidente era Néstor Kirchner, el endurecimiento del sistema penal encontró rápidamente consenso y se aprobó, sin mayores consecuencias en la reducción de la inseguridad.
Las sensatas consideraciones de Morabito fueron respondidas por el concejal capitalino Diego Figueroa, los diputados provinciales Francisco Monti y Tiago Puente y el diputado nacional Adrián Brizuela, que fue el más agresivo con el juez.
Lo más interesante fue lo de Figueroa. Consideró que un niño o adolescente que comete un delito tiene el “derecho humano” a que el Estado, a través del Servicio Penitenciario, le enseñe normas de conducta que permitan su reinserción social.
Habría que encontrar alguna penitenciaria en condiciones de cumplir tan noble propósito, pero las manifestaciones de Figueroa sirven para enfocar mejor el asunto.
No se trata de “romantizar” nada, sino de sustraerse a las pulsiones demagógicas.
Las cárceles argentinas no son ámbitos de resocialización sino depósitos humanos. Bajar la edad de imputabilidad para meter adolescentes allí, lejos de ser un camino de redención, implica condenarlos a vivir en el mundo del delito. Se perfeccionan y anudan relaciones para continuar sus carreras cuando salgan, si sobreviven.
Los niveles de reincidencia son ilustrativos en este sentido y la prisión opera como un estigma que retroalimenta el circuito del crimen.
El endurecimiento de las penas y la baja de la edad de imputabilidad no serán jamás tan eficaces como la reforma del sistema penitenciario, la redefinición de los perfiles de su personal y la inversión en su infraestructura.
Claro que esto es bastante más complejo de instrumentar y ofrece menos aristas para la demagogia que estimular la sed de revancha y legitimar linchamientos a través del Código Penal.
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