Análisis
Lic. Adriana Díaz (*)
Admitir que nos acostumbramos a lo inaceptable es un ejercicio incómodo pero imprescindible. Todas y todos formamos parte alguna vez, de una u otra manera, de una dinámica pública donde el cálculo ha desplazado por completo a la ética elemental.
Frente a denuncias penales de enorme gravedad por abuso sexual y laboral que involucran a un funcionario o legislador, la reacción dominante no ha sido la empatía ni la búsqueda seria de la verdad, sino el repliegue defensivo y la coartada inmediata de la «persecución política».
Nos cabe reflexionar sobre el momento en que naturalizamos esta respuesta. ¿En qué punto la pertenencia y la defensa de un espacio político, o la necesidad de construir una alternativa opositora, se volvieron más importantes que la integridad de una persona? Lo más inquietante es constatar cómo gran parte de la dirigencia —de un lado y del otro— se sumó al silencio o a esa misma narrativa, dispuesta a validar el uso de fueros y la victimización mediática con tal de colgarse de la popularidad del acusado, garantizar un triunfo territorial o cerrar un acuerdo electoral.
El espejo global
Para comprender la mecánica de esta indiferencia no es necesario inventar nada; basta con observar patrones que se repiten a mayor escala. El caso de Jeffrey Epstein en Estados Unidos no fue solo un escándalo; fue la radiografía de una red de tráfico y abuso sexual sostenida durante décadas por una élite de las finanzas y la política. Epstein reclutaba chicas aprovechando situaciones de vulnerabilidad, tejiendo un entramado en el que el poder económico y el prestigio social actuaban como un blindaje de impunidad.
Aquel caso demostró que, cuando el poder se da la mano, los delitos graves pasan a ser tratados como secretos de pasillo o costos secundarios con tal de preservar los intereses del grupo, sirviendo incluso como cartas de presión para negociaciones geopolíticas o de cúpula. Guardar silencio o minimizar los hechos se convierte en la moneda de cambio para pertenecer al círculo.
Guardando las distancias del caso, la lógica local responde a un patrón similar: se relativiza la gravedad de un hecho penado por la ley si el acusado ofrece a cambio cobertura política territorial, visibilidad, seguidores o caudal electoral.
Lógica de cofradía
Al observar la escena política local, salta a la vista una dinámica de cofradía machista. Las reuniones donde se tejen las alianzas y se decide relativizar las denuncias suelen estar encabezadas predominantemente por dirigentes varones. Funciona allí un pacto corporativo no escrito, una camaradería de pares que juzga desde su lugar qué acusación es «creíble» y cuál es una «operación».
Sin embargo, esto no se reduce a un asunto meramente de hombres versus mujeres. La historia y el presente demuestran que la presencia de mujeres en lugares de decisión no garantiza por sí sola una sensibilidad o conciencia de género. Cuando la lógica de construcción de poder es la supervivencia política, mujeres y varones por igual terminan reproduciendo y justificando las mismas estructuras.
Ocupar un espacio de poder sin una mirada crítica hacia estas violencias nos ha llevado a muchas dirigencias a anteponer el pragmatismo partidario antes que el acompañamiento a las víctimas. Tenemos hartos ejemplos en nuestra provincia.
Necesaria reflexión
No se trata de asumir una postura de superioridad ni de pretender ser los únicos poseedores de la verdad. Sin embargo, sería necio omitir que tanto oficialismos como oposiciones han caído en algún momento en la tentación de guardar un silencio funcional cuando el denunciado es un aliado y gritar el reclamo solo cuando el acusado forma parte del sector contrario. Esa doble vara nos atraviesa y es lo que alimenta el desacredito generalizado de las instituciones. De hecho, a casi una década de diversas iniciativas en ese sentido, organismos de gestión ejecutiva o legislativa aún no cuentan con un protocolo claro y aplicable ante casos de violencia hacia la integridad.
Si la política que pretende presentarse como «la alternativa» o «la opción de cambio» no es capaz de trazar públicamente un límite frente a la vulneración de la integridad de las personas que se atreven a hablar, entonces solo está reproduciendo lo peor de lo que dice combatir. Reconocer estos sesgos y exigir que el fuero penal no se convierta en una trinchera es el primer paso para empezar a sanar una convivencia democrática profundamente desgastada.
Si aceptamos que el cálculo pase por encima del dolor de las víctimas, ¿qué mensaje les estamos transmitiendo a las futuras generaciones de dirigentes? Está visto que sanar las instituciones no vendrá de la mano de mesías ni de eslóganes, sino de la valentía colectiva para decir «hasta acá». ¿Seremos capaces, desde la dirigencia política y la sociedad, de trazar esa línea antes de que el desengaño sea definitivo?
(*) Diputada provincial (mandato cumplido)
