El gobierno nacional profundizó en agosto la motosierra fiscal. Según un relevamiento de la consultora Analytica sobre datos oficiales del Ministerio de Economía, el gasto público se contrajo un 10% en términos reales respecto de igual mes de 2025, el retroceso más pronunciado de lo que va de 2026. La decisión responde a la necesidad de compensar una recaudación que se derrumba a la par que se estanca la actividad económica y se retrae el consumo de las familias argentinas.
En lo que va del año, los ingresos tributarios cayeron casi un 4%, con el IVA y el Impuesto a las Ganancias como los tributos más golpeados. No es casual: se trata de los dos impuestos más sensibles al pulso de la economía real, y su retroceso refleja directamente la floja performance de la industria, la construcción y el comercio, sectores que en conjunto explican casi el 60% de esa recaudación.
Frente a ese faltante de ingresos, la respuesta oficial ha sido, una vez más, la de recortar gastos antes que revisar el rumbo. Y los recortes de agosto, como era previsible en función de la lógica del modelo económico, volvieron a concentrarse en los sectores a los que el ajuste viene castigando desde el inicio de la gestión:
Provincias ahogadas:Las transferencias no automáticas sufrieron una caída del 86% interanual, una cifra que deja a las administraciones locales sin los recursos discrecionales para atender obras, emergencias o programas propios. A esto se le suma el derrumbe de las transferencias automáticas por la merma en impuestos coparticipables.
Contención social en declive: Los programas sociales, con la única excepción de la Asignación Universal por Hijo, se desplomaron un 40%.
Empleo público bajo presión: El gasto en salarios estatales retrocedió un 8%, en un contexto marcado por achicamientos de planta y un poder adquisitivo seriamente deteriorado.
El ajuste no distribuye sus costos de manera equitativa entre todos los sectores de la sociedad, sino que recae con particular dureza sobre las provincias, los sectores más vulnerables y los trabajadores del Estado.
Mientras la tijera actúa sobre estas áreas críticas, otras decisiones fiscales del propio gobierno operan en sentido inverso. La rebaja del Impuesto a los Bienes Personales es el ejemplo más claro: redujo la carga tributaria sobre los patriminios más altos y, en la fragilidad fiscal actual, contribuye al desfinanciamiento del Tesoro que luego se pretende compensar recortando transferencias y programas sociales.
Sería razonable esperar que, antes de seguir profundizando recortes sobre los sectores más golpeados, el gobierno nacional revise medidas que erosionaron la base imponible sin ofrecer una contrapartida productiva virtuosa. De la misma manera, en lugar de limitarse a administrar la escasez, resulta indispensable diseñar políticas activas que reactiven la industria, la construcción y el comercio, áreas cuya debilidad explica, en última instancia, el propio ahogo de las cuentas públicas.
