Es una postura que ya le comunicó a la Nación
Consideró que no es una medida eficaz y que dará mejores resultados invertir en la jornada escolar completa.
El gobernador Raúl Jalil se expresó en contra de la baja de la edad de imputabilidad, en el marco de la discusión planteada por el Gobierno Nacional, que presentó un proyecto para fijarla en 14 años y con una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves. Para el gobernador de Catamarca, una solución más eficaz sería invertir en jornada escolar completa, ya que la participación de menores de 16 años en este tipo de hechos es mínima.
Jalil ya se lo planteó a los interlocutores del Gobierno Nacional. Es mejor invertir en la jornada escolar completa, que promover el encarcelamiento de menores. Entre los fundamentos del primer mandatario, están el colapso que tienen las cárceles y el sistema penitenciario en general, y el hecho de que la participación de menores en delitos graves es insignificante. «La baja de la edad de imputabilidad no es eficaz», señaló. De hecho, la implementación de la jornada escolar completa es una medida que el Gobierno de Catamarca buscará empezar a implementar en este 2026.
El Gobierno Nacional propuso este tema dentro de los proyectos que envió al Congreso para el período extraordinario: bajar a 14 años como la edad mínima de responsabilidad penal, establecer una pena máxima de 15 años de prisión exclusiva para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, priorizando, para los delitos con sanción de hasta tres años, alternativas a la privación de libertad como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o reparación del daño. La privación de libertad queda limitada a casos extremos y como recurso final, reservándose el encarcelamiento para situaciones graves, prohibiendo en cualquier caso la reclusión perpetua, aun en concurso de delitos.
En Catamarca, el debate no lo instaló ninguno de los referentes de La Libertad Avanza, sino el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, quien publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, en la que cuestionó el enfoque punitivo en el abordaje del delito cometido por adolescentes y destacó que en la mayoría de los casos, «cuando el Estado llega por primera vez a la vida de estos adolescentes, casi siempre lo hace a través del castigo, y llega tarde».
El juez, que aclaró que no busca «justificar delitos ni desconocer el dolor de las víctimas y sus familias», adviertió que bajar la edad de punibilidad no constituye una solución de fondo, no reduce la violencia ni construye un futuro mejor, sino que «refuerza un esquema que ya demostró su ineficacia».
De esa carta, que se publicó en muchos medios de todo el país, se hizo eco el concejal libertario Diego Figueroa, que aseguró que «un niño o adolescente criminal tiene el derecho humano de que el Estado, en el Servicio Penitenciario, le enseñe normas de conducta que lo reintegren a la sociedad». «Si el Estado, ausente, generó con la dádiva una generación marginal que vio a sus padres vivir de planes, que estudiar y esforzarse era innecesario y que delinquir era una consecuencia lógica, pues ese mismo Estado no puede permitirse perder la capacidad de conducir y organizar la vida en sociedad».
Figueroa argumentó, que la Constitución Nacional establece que «las cárceles no son para el castigo del reo, sino para su reincorporación a la sociedad». «Si el sistema carcelario no cumple su fin, esa es otra discusión. Pero romantizar el crimen juvenil es una burla para una sociedad harta de injusticias», dijo.
Por su parte, el diputado provincial Francisco Monti, compartió las palabras de su padre, el exfiscal federal Víctor Manuel Monti, quien destacó que es decisión de los jueces evaluar las circunstancias de un ilícito, y aseguró que no ve inconvenientes en ampliar la responsabilidad penal a menores.
«Se trata puntualmente de determinar a que altura de la vida se encuentra el individuo en condiciones mentales y culturales para percibir adecuadamente lo que es el bien y el mal, y específicamente lo que es y lo que no es delito. En este sentido, será responsabilidad del juzgador establecer la pena que corresponde, en el marco de la escala prevista en el Código Penal. Deberá el magistrado evaluar las distintas circunstancias que hubieran influido, como los son, la edad, las necesidades, el medio socio económico y cultural de donde proviene el delincuente, entre otras vicisitudes fácticas. El juez de ejecución deberá merituar estos extremos fácticos para implementar el modo de cumplimiento de la condena. En este marco conceptual no veo inconvenientes para ampliar la responsabilidad penal de los menores, tal como lo propone la autoridad pública», dijo.
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